Las autoridades aduaneras de Colombia declararon la guerra al contrabando, actividad que va de la mano del narcotráfico y registra operaciones por montos similares: 5,5 millones de dólares anuales.
La cifra, que corresponde a 1995, es del Banco Mundial, que hizo un estudio para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), organismo que en el gobierno de César Gaviria (1990-94) fusionó los controles tributarios y aduaneros.
La innovación del anuncio hecho por el presidente Ernesto Samper, en su habitual alocución radiotelevisada de los lunes en la noche, es la creación de un "Bloque de Búsqueda", calcado del que persiguió y puso en la cárcel a los capos del narcotraficante cartel de Cali.
El subdirector de Fiscalización de la Policía Nacional, coronel Norberto Peláez, es el responsable de la represión al comercio de todo tipo de mercancías, desde textiles, confecciones y electrodomésticos hasta bisutería, perfumes y confites que tienen en jaque a la industria nacional.
Con cierto escepticismo, los portavoces de los gremios empresariales alertaron sobre la ineficacia de un combate que se limite a lo policial y pidieron reformas fiscales y judiciales profundas.
Gustavo Tobón Londoño, presidente de la Federación de Industrias Metalúrgicas, comentó que la guerra al contrabando no se puede quedar en la simple incautación de mercancías.
Hay que quemar lo decomisado, afirmó, tal vez aludiendo a la habitual incineración de cargamentos de marihuana y cocaina.
También reticente sobre los efectos de la campaña gubermanetal, Omar Botero-Páramo, presidente de la Unión Intergremial Nacional, manifestó que la eficiencia dependerá de la honestidad y verticalidad de los integrantes del nuevo Bloque de Búsqueda.
Como en la estructura especial constituida para combatir a los jefes mafiosos, el Bloque de Búsqueda contra el contrabando cuenta con miembros élite del Ejército, agentes de la Fiscalía y, además, con el apoyo de Aerocivil (organismo que rige los aeropuertos) y los gremios de la industria.
Aunque el contrabando no es nada nuevo en Colombia, el proceso de apertura de la economía que sacudió la estructura tradicional de la industria manufacturera alentó una vieja y tolerada práctica.
Es tal el auge del contrabando en el territorio continental, que la isla de San Andrés, en el Caribe, puerto libre que desde la década de 1960 fue sinónimo de productos extranjeros a bajo costo, manifiesta un notorio declive como punto de comercio y turismo.
Un dato sintomático es el precio de un paquete de cigarrillos marca Marlboro, que en la capital y la mayoría de ciudades del país es de 1.000 pesos (un dólar) en tanto en San Andrés cuesta 1.500 pesos.
Para 1995, se calculó que sólo los contrabandistas de cigarrillos vendían un millón de dólares.
En realidad, hace ya varios años que los "Sanandrecitos", réplicas en las principales ciudades de los centros comerciales de la isla mayor del archipiélago que conforma junto con Providencia y Santa Catalina, son verdaderos paraísos del contrabando.
Al oeste y norte de Bogotá hay varios de estos centros que se explayan a lo largo y ancho de muchas manzanas donde es posible comprar, o encargar de un día para otro, desde un ascensor hasta una minúscula pieza de relojería.
Con el anuncio de fines del año pasado se impulsó también un proceso de legalización de los comercios.
Sin embargo, en su momento los allanamientos a los locales en entredicho y el despliegue de fuerza pública produjeron enfrentamientos que evocaron las refriegas entre la policía y el movimiento estudiantil en la década del 70.
En el borde de lo legal y lo ilegal, o combinando ambas situaciones, los comerciantes de los "Sanandrecitos" están agremiados y según sus cifras cuentan con unos 100.000 miembros en todo el país.
En estrechos locales, que casi siempre son mampara de amplias y clandestinas bodegas, alternan todo tipo de confecciones de marca, auténticas o "chiviadas", como se denomina localmente a los productos alterados.
El problema no es tanto de calidad y servicio al cliente como de franquicia y de evasión de impuestos, pues muchas veces cuesta trabajo diferenciar la prenda legítima de la plagiada.
También es posible pedir a un "Sanandrecito", a domicilio, para entrega inmediata, por ejemplo, una nevera legítima, color almendra, de 10,1 piés, del más reciente modelo que circula en Estados Unidos, que aún no distribuye la casa representante de la marca en Colombia.
Especialmente en el caso de confecciones, a la sombra del contrabando sobrevive una economía que es nacional pero informal.
Etiquetas en francés, inglés o chino salen de pequeños talleres familiares, en barriadas populares donde habilidosos y perfeccionistas operarios producen lo mismo que los obreros de las maquilas del tercer mundo que surten a las multinacionales.
Por eso entre quienes más presionan para que el anuncio de la nueva guerra al contrabando se vuelva realidad está el presidente de la Asociación de Textileros, Francisco Ochoa.
"En el país se proponen medidas y no se desarrollan, entonces la gente ya no cree en los anuncios del Ejecutivo (…) ojalá esta vez no sea lo del pastorcito mentiroso", declaró Ochoa al diario La República de Bogotá. (FIN/IPS/mig/ag/ip-if/96
