El jefe máximo de la Policía de Investigaciones de Chile, Hernán Mery, recuperó hoy la libertad luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara las acusaciones en su contra de la jueza que instruye el proceso por el asesinato en 1991 del senador derechista Jaime Guzmán.
El fallo de la tercera sala de la Corte, aprobado por dos votos a uno, anuló también el auto de procesamiento que la jueza Raquel Camposano dictó el día 19 contra el viceministro de Desarrollo Regional, Marcelo Schilling, quien estaba en libertad bajo fianza.
El abogado Luis Hermosilla, representante de la familia Guzmán, anunció de inmediato una apelación ante la Corte Suprema para que el máximo tribunal reponga los cargos por "obstrucción a la justicia", hechos por Camposano a Mery y Schilling.
El ministro de la Secretaría General de Gobierno y portavoz del presidente Eduardo Frei, José Joaquín Brunner, expresó la satisfacción oficial por el fallo que, a su juicio, "ratifica la legitimidad de los procedimientos de la lucha contra el terrorismo".
El dictamen de este jueves favoreció igualmente al ex comisario de la Brigada de Inteligencia Policial Jorge Zambrano y a Oscar Carpenter, ex informante de la Dirección de Seguridad Pública, organismo que tuvo a Schilling como secretario ejecutivo.
El consejo, conocido como "la Oficina", fue creado bajo el gobierno del presidente Patricio Aylwin (1990-94), con la misión de desarticular a los rezagos de grupos insurgentes que actuaron durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
Según la magistrada Camposano, tanto Mery como Schilling incurrieron en graves irregularidades, como montajes de operaciones y ocultamiento de información, durante la investigación del asesinato de Guzmán y del secuestro del ejecutivo periodístico Cristián Edwards.
Guzmán fue asesinado el 1 de abril de 1991 por un comando del llamado sector autónomo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), que en 1990 secuestró durante tres meses a Edwards, liberándolo tras el pago de un millonario rescate.
La Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido derechista fundado por Guzmán, invocó el fallo de la jueza para acusar al gobierno de Aylwin de "negociar con terroristas" y exigir la remoción inmediata de Mery y Schilling.
El presidente Frei sin embargo rechazó las renuncias de ambos y tras respaldarlos públicamente se limitó a subrogarlos en sus cargos, a la espera de que las acusaciones se esclarezan por completo en los tribunales.
Mery, acusado por un supuesto delito conexo al secuestro de Edwards, recibió los cargos más graves de la magistrada, punibles con hasta 10 años de presidio, y por ello no pudo pedir la libertad bajo fianza, quedando bajo arresto domiciliario.
La Corte de Apelaciones le restituyó plenamente la libertad al acoger los recursos de amparo del jefe policial, de Schilling y de los otros dos acusados de obstrucción a la justicia.
Los abogados de Mery dijeron que éste se abstendrá por ahora de reasumir como director de la Policía de Investigaciones y esperará el desenlace final del caso en la Corte Suprema.
Brunner comentó que el fallo de este jueves "debe servir de lección a aquellos, como la UDI, que pretendieron hacer un escándalo político en torno a este proceso".
La agrupación derechista reprobó los respaldos del gobierno y de la oficialista Concertación por la Democracia a Mery y Schilling y sostuvo que constituían presiones indebidas sobre el Poder Judicial.
El oficialismo rechazó a su vez las críticas que la UDI hizo invocando los derechos humanos y sostuvo que esa agrupación derechista carecía de autoridad moral para cuestionar "la lucha contra el terrorismo" bajo el gobierno de Aylwin, tras haber respaldado a Pinochet y los crímenes represivos de la dictadura. (FIN/IPS/ggr/dg/ip-hd/96
