El presidente de Chile Eduardo Frei aludió a la situación que vive Perú con la toma guerrillera de la embajada de Japón, para reivindicar la lucha contra los grupos calificados de terroristas bajo el gobierno de Patricio Aylwin (1990-94).
Frei respaldó al director de la Policía de Investigaciones, Nelson Mery, y al viceministro de Desarrollo Regional, Marcelo Schilling, sometidos a proceso el miércoles por la jueza Raquel Camposano, quien investiga el asesinato del senador derechista Jaime Guzmán.
Mery y Schilling, quien anteriormente fue secretario ejecutivo del Consejo Coordinador de Seguridad Pública, están acusados por la jueza de obstrucción a la justicia en la investigación del asesinato, cometido el 1 de abril de 1991 por un comando de extrema izquierda.
El consejo, conocido popularmente como "la Oficina", estuvo a cargo de la desarticulación de la insurgencia conformada por retazos de los grupos armados que intentaron infructuosamente desestabilizar a la dictadura del general Augusto Pinochet (1973- 90).
La resolución de Camposano avala las críticas a los métodos de "la Oficina", que mantuvo una red de informantes y realizó, según el fallo judicial, algunos montajes y operaciones selectivas para capturar algunos insurgentes y proteger a otros.
"Basta ver la realidad de otros países del mundo, lo que estamos viendo en un país hermano, para ver lo importante que es la paz y la seguridad de la ciudadanía", dijo Frei este jueves, saliendo al paso de los ataques a las formas de la "lucha contra el terrorismo".
La mayor detractora de los métodos antisubversivos bajo el gobierno de Aylwin es la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido derechista fundado por Guzmán, quien fuera el principal asesor de Pinochet en materias constitucionales.
La UDI protestó por la decisión de Frei de no aceptar las renuncias que le presentaron el miércoles Mery y Schilling y confirmarlos en sus cargos, limitándose a subrogarlos a la espera del desenlace del proceso judicial.
La decisión del mandatario demócrata cristiano fue respaldada por todos los partidos de la oficialista Concertación por la Democracia, en especial por el Socialista, a cuyas filas pertenece Schilling.
Frei recordó que el gobierno de transición de su coideario Aylwin debió enfrentar un accionar intenso de grupos armados, en especial del entonces ya dividido Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y del Frente Juvenil Lautaro.
Los puntos culminantes de esa "ofensiva terrorista" fueron el secuestro por tres meses del empresario periodístico Cristián Edwards en 1990, y el atentado contra Guzmán, ambos cometidos por la fracción más radicalizada escindida del FPMR.
"Es indudable, y todo el mundo lo reconoce, que durante el gobierno del presidente Aylwin hubo una lucha muy exitosa contra el terrorismo", señaló Frei.
Mery y Schilling, añadió el mandatario, "han jugado un rol destacado, han arriesgado y arriesgan hoy día sus vidas, y por lo tanto merecen nuestro respeto".
Al finalizar la aministración de Aylwin, el 11 de marzo de 1994, los grupos armados de extrema izquierda estaban desarticulados en el país, con unos 80 insurgentes en las cárceles, incluyendo a Guillermo Ossandón, líder del Frente Juvenil Lautaro.
La acción combinada de la policía civil y "la Oficina" permitió aclarar tanto el secuestro de Edwards como el asesinato de Guzmán y la mayoría de los autores materiales de ambos delitos están cumpliendo sentencias de presidio perpetuo.
El caso Guzmán fue reabierto en abril de este año, cuando el ex subcomisario Jorge Barraza aportó al juez Alfredo Pffeifer, a cargo entonces del proceso, antecedentes sobre el supuesto autor intelectual del asesinato del senador.
Se trataría de un "comandante" del FPMR, Juan Gutiérrez Fischman, conocido por su seudónimo de "el Chele", quien estuvo casado en Cuba con la hija del ministro de Defensa de ese país, Raúl Castro.
La posible "conexión cubana" fue resaltada por la UDI, cuyos dirigentes tuvieron en abril numerosas reuniones con el juez Pfeiffer y Barraza, quien dio a conocer la existencia de una filmación al comando del FPMR en la cual aparecía "el Chele".
Las críticas del oficialismo a la "politización" de Pfeiffer hicieron que éste se inhabilitara en el proceso, ante lo cual la Corte Suprema designó el 2 de julio a la jueza Camposano para que continuara con la investigación.
La magistrada, una mujer ya anciana, austera y de pocas palabras, dictó el miércoles ocho autos de procesamiento, contra Mery, Schilling, el propio Barraza, acusado de un delito menor de desacato, y otros cinco policías e informantes de "la Oficina".
Mery es inculpado de obstrucción a la justicia por no entregar a los jueces el video con la filmación al FPMR donde aparecerían los secuestradores de Edwards, y si es considerado culpable puede ser condenado hasta 10 años de presidio.
En el caso de Schilling, el cargo de obstrucción a la justicia se fundamenta en una negociación que hizo "la Oficina" en 1992 para detener a insurgentes del "MIR-Pueblo en Armas", un pequeño grupo subversivo de efímera existencia, y podría ser sentenciado a tres años de presidio.
En la coalición oficialista se afirma que los cargos contra ambos deben ser aún probados ante los tribunales y se sugiere que la jueza Camposano estaría también influida políticamente para extremar su rigor contra funcionarios gubernamentales.
El diputado socialista José Antonio Viera-Gallo dijo que la magistrada "fue inducida a error" para inculpar a Schilling por un delincuente llamado Humberto López, "manipulado" por Alejandro Ortiz, un capitán del Ejército, rama que sigue comandada por el general Pinochet.
Viera-Gallo, el canciller José Miguel Insulza y otros dirigentes gobiernistas desconocen autoridad moral a la UDI para "rasgar vestiduras" contra la lucha antisubversiva del gobierno de Aylwin en nombre de los derechos humanos.
"La desarticulación del terrorismo en democracia se hizo sin ejecuciones sumarias, secuestros, desapariciones forzadas ni torturas. Muy distinto fue lo que ocurrió en la dictadura, con violaciones sistemáticas de los derechos humanos, muchos de cuyos autores están hoy en la UDI", apunta el oficialismo.
Según la coalición gobiernista, gracias a la ~~exitosa lucha contra el terrorismo en los marcos de la democracia bajo el gobierno de Aylwin, Chile está a salvo de episodios como el que se vive actualmente en Perú~~. (FIN/IPS/ggr/dg/ip/96
