Los dos principales sentenciados por el asesinato del senador derechista Jaime Guzmán y otros dos insurgentes, se fugaron espectacularmente hoy de una cárcel de alta seguridad en Chile en un helicóptero que atacó el penal.
La fuga creó una gran conmoción política y el gobierno pidió de inmediato la designación de un juez especial para investigar los hechos, mientras el presidente Eduardo Frei suspendía el mensaje de fin de año al país, programado para la noche de este lunes.
La nave, pilotada al parecer por un oficial de la policía de Carabineros, rescató de la prisión anexa a la Penitenciaría de Santiago, en el sector centro-sur de la capital, a los cuatro militantes del ala autónoma del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR-A) tras un intenso tiroteo con los vigilantes.
Los reos fugados son Ricardo Palma Salamanca y Mauricio Hernández Norambuena, ambos sentenciados a presidio perpetuo por el asesinato de Guzmán, además de Pablo Muñoz Hoffman y Patricio Ortiz Montenegro, también del FPMR-A.
Los cuatro, según fuentes policiales, conformaron la cúpula del FPMR-A, considerado casi extinguido, y están implicados también en el secuestro del empresario periodístico Cristián Edwards y en el asesinato de un policía.
Mientras Palma y Hernández estaban sentenciados a prisión perpetua, Muñoz y Ortiz cumplían condenas de 15 años de cárcel por diversos delitos, que incluyen el homicidio de un policía, asaltos y cargos por asociación ilícita.
El helicóptero en que se fugaron se suspendió sobre un patio interior de la prisión y sus tripulantes abrieron fuego con fusiles automáticos M-16, con un poder de fuego superior al de los vigilantes del Servicio de Gendarmería, equipados con subametralladoras livianas Uzis.
Desde la nave se descolgó una canastilla a la cual subieron los cuatro "frentistas" y más tarde el helicóptero se posó en el parque Brasil del municipio de La Granja, en el sur de la capital, donde los insurgentes continuaron la fuga en dos automóviles robados.
La espectacular fuga se produjo en medio de la conflictiva reactivación judicial de los procesos por el asesinato de Guzmán, cometido el 1 de abril de 1991, y del secuestro de Edwards, quien estuvo tres meses en poder del FPMR en 1990.
La juez Raquel Camposano, a cargo de ambas causas, decidió procesar el día 19 al director de la Policía de Investigaciones, Nelson Mery, y al viceministro de Desarrollo Regional, Marcelo Schilling, ex secretario ejecutivo de la Dirección de Seguridad Pública.
La Corte de Apelaciones revocó el jueves último los cargos de obstrucción a la justicia formulados por Camposano contra Mery y Schilling, pero la familia de Guzmán presentó un recurso de reconsideración de este fallo ante la Corte Suprema.
Las resoluciones de la jueza intensificaron la polémica acerca de los métodos que la Dirección de Seguridad Pública a cargo de Schilling utilizó bajo el gobierno de transición del presidente Patricio Aylwin (1990-94) para desarticular grupos calificados de terroristas.
La principal impugnadora de Mery y Schilling es la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido de extrema derecha fundado por el senador Guzmán, quien fuera el principal asesor en materias constitucionales de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
El ministro del Interior, Carlos Figueroa, dijo que el gobierno está altamente preocupado por las connotaciones de la fuga de la cúpula del FPMR, en tanto podría ser el anticipo de "un rebrote del terrorismo".
Figueroa señaló que una hipótesis de esa naturaleza no estaba hasta ahora en los cálculos de los organismos de seguridad que analizan regularmente la actividad de los resabios de grupos insurgentes que quedan en Chile.
El director del Servicio Nacional de Gendarmería, Claudio Martínez, señaló que este organismo a cargo de la vigilancia de las cárceles no estaba preparado en sus planes operativos para repeler un ataque aéreo al penal de alta seguridad.
La nave aérea fue arrendada a una empresa particular, con un plan de vuelo que aparece firmado por el capitán de Carabineros Daniel Sagredo, un piloto de la Prefectura Aeropolicial que tenía previsto su retiro de la institución el próximo 2 de enero.
En medios policiales se manejó la hipótesis de que Sagredo haya sido forzado a arrendar el helicóptero y pilotarlo bajo extorsión, posiblemente amenazas de muerte contra él o alguno de sus familiares.
El diputado Juan Antonio Coloma, secretario general de la UDI, sostuvo que hay una coincidencia entre la fuga de la cúpula del FPMR y lo que calificó de intentos del gobierno "de dejar en la impunidad el asesinato de Jaime Guzmán".
El diputado Jaime Estévez, del cogobernante Partido Socialista, calificó como "una tontería" la vinculación entre la fuga y el proceso por el caso Guzmán, aunque admitió que el rescate de los reos fue "una grave falla de seguridad".
Alejandro Foxley, presidente de la Democracia Cristiana, el partido de Frei, dijo que el escape de los presos no debería influir en la decisión que debe adoptar la Corte Suprema sobre el fallo del tribunal de apelaciones que absolvió a Mery y Schilling. (FIN/IPS/ggr/hd-ip/96
