La ayuda humanitaria a Sudán podría recibir un golpe mortal si el gobierno militar islamista de Jartum aplica finalmente impuestos a organizaciones no gubernamentales (ONG) y agencias de internacionales de ayuda que funcionan en el país.
El ministro sudanés de Finanzas y Planificación Económica, Abdel Wahab Osman, declaró esta semana ante el parlamento que el gobierno aumentará los impuestos para recaudar los fondos que le exige el gasto de defensa.
El régimen militar encabezado por el general Omar al-Bashir mantiene una guerra civil desde 1983 con el Ejército Popular de Liberación de Sudán (SPLA) en el sur del país, que hasta el presente costó un millón de muertos y tres millones de desplazados.
"Ya resulta difícil llevar la asistencia a zonas controladas por el gobierno debido a las restricciones que impone, pero esa medida podría ser el primer paso para bloquear completamente la acción en favor de la población civil", opinó Tom Dodd, experto de Sudán en la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO).
En su alocución al parlamento en Jartum, Omar expresó que "esas organizaciones han estado exentas de pagar impuestos hasta ahora, pero hemos descubierto que algunas de ellas han vendido en el país ciertos materiales traídos con fines humanitarios".
El ministro añadió que serán suspendidas las organizaciones que sean sorprendidas realizando operaciones comerciales.
"Es muy chocante sentir esas cosas porque no somos nosotros los que medramos con el hambre y las necesidades de la población civil", dijo la representante de una ONG que no quiso ser mencionada para no perjudicar un proyecto en marcha en favor víctimas de la guerra eb Sudán.
"Existe un acuerdo legal para abastecer de víveres y medicamentos a zonas que solo se llega por avión, pero las autoridades muchas veces niegan el permiso de aterrizar… Se trata de un masivo abuso de derechos humanos", apuntó Dodd.
Si bien los gravámenes no afectarán directamente a ECHO, pueden tener un serio sobre las ONG a las cuales canaliza los fondos de ayuda. El plan global de ECHO para 1996 tiene previsto aportes por 13,1 millones de ECU, sobre todo en víveres y medicamentos.
En una reunión realizada a fin de noviembre, diversas ONG financiadas por ECHO en Sudán, expresaron que las restricciones gubernamentales eran un problema diario que si bien no lograban frenar los proyectos de ayuda, dicultaban su implementación.
Algunas organizaciones predijeron en la reunión que en los primeros meses de 1997 podría producirse un serio malestar social en áreas de Sudán controladas por el gobierno. Además, las ONG concidieron que las restricciones de acceso y la incertidumbre eran los principales problemas que afectaban sus operaciones