En 1996 se registró un escaso avance en las reformas estructurales con que América Latina pretende enfrentar en el próximo milenio los desafíos del desarrollo y del perfeccionamiento de la democracia.
Chile, en Santiago y Viña del Mar, fue en noviembre de este año sede de la Cumbre Iberoamericana dedicada a la gobernabilidad para una democracia eficiente y participativa, un concepto que se incorpora crecientemente al léxico político de la región.
Del grado de gobernabilidad que se alcance en el marco de la democracia y del desarrollo sostenible -eje a su vez de la Cumbre de América de Santa Cruz, Bolivia, en diciembre- dependerá la evolución latinoamericana en el próximo milenio.
Así lo recalca una abundante retórica acumulada en numerosas citas internacionales que inspira a su vez una serie de programas y proyectos tanto en los gobiernos como en Naciones Unidas que suman en sus objetivos otra palabra mágica: modernización.
América Latina necesita adecuar sus estructuras políticas e institucionales a esta demanda modernizadora para ganar un sitial en un mundo que marcha al ritmo vertiginoso de la globalización y la revolución científico-tecnológica, señalan los gobernantes.
Se habla así de la modernización del Estado en un doble sentido, ya que se busca despojarlo de toda capacidad de gestión empresarial, y al mismo tiempo actualizarlo y hacerlo eficiente en sus funciones ejecutivas, legislativas y judiciales.
Pero estos afanes encuentran viejos y renovados obstáculos, definidos en la cita iberoamericana como "factores de ingobernabilidad", que tienen como ingredientes la pobreza, la inequidad y la corrupción, entre otros males.
La imposición del neoliberalismo simultánea al proceso de recuperación democrática dio estabilidad a la región en términos macroeconómicos y reabrió las perspectivas de crecimiento luego de la década recesiva del 80.
Pero en el curso de esta década se acentuaron en casi todos los países latinoamericanos las desigualdades distributivas y esta región continúa siendo la de mayor inequidad en el mundo, sin grandes cambios en sus índices de pobreza.
En el frente político se advierte que los partidos, los gobiernos, los parlamentos y los tribunales no están preparados para enfrentar flagelos como la corrupción, asociada a menudo al narcotráfico como otra de las grandes amenazas para el siglo XXI.
El ideal democratizador choca con otras vallas, asociadas tal vez indirectamente a la corrupción y que configuran la pesada herencia de impunidad para las violaciones de derechos humanos que impusieron las dictaduras.
Un seminario internacional sobre el tema realizado este mes en Santiago por organizaciones humanitarias entregó un crítico diagnóstico sobre el efecto multiplicador y corruptor de la impunidad en los recuperados regímenes democráticos.
Mientras los familiares de víctimas de la represión política siguen esperando justicia se va gestando un sistema de represión social, asentado en "las policías de gatillo fácil", según la expresión del Premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel.
Los niños y niñas de la calle, los delincuentes comunes, las minorías indígenas, las mujeres, los emigrantes, los ancianos, están entre las víctimas de este renovado sistema de exclusión que pone interrogantes sobre el futuro de la gobernabilidad.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que impulsa numerosos proyectos de modernización del Estado en América Latina, estima que la gobernabilidad debe ir de la mano con un aumento de la calidad de la política.
Se habla así de mayor participación de la sociedad civil como requisito de esta gobernabilidad democrática en un proceso que en 1997 incorporará la dimensión ética, tema eje de la séptima Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Venezuela.
Además de encarar los desafíos políticos, sociales e institucionales, la región debe continuar el proceso de cambios que impone en la esfera económica el esquema de la globalización y la apertura de mercados.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtió en su balance anual sobre la región que fueron muy pocos los países que mostraron dinamismo en la ejecución de reformas estructurales planteadas como necesarias.
Desde su perspectiva económico-social, Cepal indica que los gobiernos de la región se concentraron en la ejecución de reformas ya definidas hacia el fortalecimiento del modelo de mercado, pero con progresos menores que en 1995.
Las tareas fundamentales asumidas en este ámbito "fueron la entrada en funcionamiento de los nuevos sistemas de la seguridad social, basados en la capitalización de los aportes y la venta de algunas empresas estatales", señaló el informe.
Venezuela, con la virtual abolición del control de precios, la libertad cambiaria y la reanudación del proceso privatizador, fue uno de los países que más avanzó en 1996 en esa dirección, de acuerdo al balance de Cepal.
Brasil, Costa Rica, Panamá y Nicaragua configuraron en el año otros ejemplos de políticas privatizadoras, mientras El Salvador introdujo la capitalización en el sistema de pensiones, reforma que también hará México en el año entrante.
En Cuba, según destaca Cepal, tuvo lugar en 1996 una importante reforma del sistema financiero, además de la emisión de leyes sobre zonas francas y parques industriales que complementan la ley de inversiones extranjeras de 1995.
La perspectiva para los últimos años de esta década señala un incremento de las tendencias privatizadoras en América Latina, en un derrotero que parece claro en lo económico, pero todavía lleno de dudas en los frentes político y social. (FIN/IPS/ggr/ag/if- ip/96
