Los gobiernos de Estados Unidos y México establecieron "una nueva estrategia antidrogas" para América del Norte que comenzará a regir en 1997, elaborada durante una conferencia bilateral efectuada aqui esta semana.
El rasgo predominante de los acuerdos consiste en la creación de un cuerpo de élite de "policías científicos" mexicanos que será adiestrado por los principales organismos de seguridad estadounidenses, según analistas.
La agencia antinarcóticos (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Defensa (Pentágono) y el Servicio de Aduanas de Estados Unidos tendrán a su cargo la preparación de los "superpolicías" y soldados del ejército mexicano.
El sanitarista y antropólogo social Eduardo Menéndez declaró a IPS que, mientras el problema de la droga se encare con enfoques represivos y policiales, no habrá una solución adecuada.
Menéndez, experto del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), afirmó que la veda "sólo sirve para reforzar el poder económico del negocio de la droga a la vez que estigmatiza y controla a los adictos".
El experto añadió que "el principal daño proviene del mundo de la delicuencia, que gira en torno a la ilegalidad de los estupefacientes".
A través de la frontera común de 3.200 kilómetros entre Estados Unidos y México pasan dos tercios de las drogas ilegales destinadas a unos 30 millones de estadounidenses, quienes concentran 70 por ciento del consumo mundial.
El Grupo de Contacto Bilateral de Alto Nivel contra la droga aclaró que se respetará plenamente las soberanías de los dos países, al tiempo que reiteró viejas promesas de intensificar la cooperación para complementar los respectivos planes contra los cárteles de narcotraficantes.
En su tercera reunión, el organismo planteó como prioridades la disminución del consumo, el reforzamiento de la seguridad en la frontera, el fin de la impunidad de los narcotraficantes, el combate al lavado de dinero y la detección de los laboratorios donde se produce la droga.
El jefe de la oficina de control de drogas de Estados Unidos, Barry McCaffrey, declaró que no llegó a México a calificar su conducta en torno al problema sino a impulsar la cooperación, ya que muchos funcionarios de ambos países están muriendo en el combate contra el narcotráfico.
McCaffrey afirmó que el proceso anual de certificación a los gobiernos en materia de lucha contra el comercio ilegal de drogas, que puede llegar a determinar sanciones económicas y comerciales para los que no sigan los parámetros de Washington, "es doloroso pero necesario".
Legisladores oficialistas mexicanos declararon que se estudia una ley antídoto contra estos procesos de certificación, que afecta especialmente a los países de América Latina.
Los diputados Augusto Gómez y Cuauhtémoc Sandoval aseguraron que la nueva legislación no entrará en vigor antes de marzo, fecha en que el Departamento de Estado de Estados Unidos difundirá la próxima evaluación de la actividad de los países contra el narcotráfico.
El procurador (ministro de Justicia) de México Jorge Madrazo anunció la elaboración de un plan entre su país y Estados Unidos para afrontar el problema de las drogas en los próximos años.
El plan abordará el combate al trasiego de armas vinculado al narcotráfico, el desvío de precursores químicos (productos empleados para la elaboración de drogas) y la concentración de esfuerzos "para desmantelar las organizaciones de narcotraficantes que afectan a ambos países".
El documento conjunto condena la aprobación de iniciativas en los estados fronterizos estadounidenses de Arizona y California que hacen accesible al público la compra de marihuana "con fines de uso médico".
Según la declaración, la medida contribuye a encubrir el uso y el tráfico de drogas en Estados Unidos y colide con las propias leyes federales estadounidenses.
McCaffrey declaró que "lo ocurrido en esos estados fue una gran desilusión", y atribuyó el triunfo de ambos referendos a que "se dio información incorrecta a los electores". "Responderemos en la forma más prudente posible", agregó.
En lo que se refiere al tráfico de armas, ambas delegaciones informaron que la agencia estadounidense que se ocupa del asunto instaló un "sofisticado" programa de computación para efectuar rastreos a través de su oficina en México.
Tal sistema permitiría identificar y detener el ingreso ilegal de armas desde Estados Unidos a México a cambio de las drogas que fluyen en sentido inverso.
Tanto McCaffrey como el canciller de México, José Angel Gurría, eludieron ante la prensa abordar el problema de las certificaciones a la actividad antidrogas de los gobiernos por parte del gobierno y el Congreso de Estados Unidos.
Sin embargo, Gurría dijo que ese proceso genera tensiones e incertidumbres. Por su parte, McCaffrey aseguró que la cuestión no figuró en la agenda de la reunión. (FIN/IPS/emv/mj/ip/96
