Los gobiernos de América Central reclamaron ayuda técnica, financiera y logística a los de América del Norte para frenar el tráfico cada vez mayor de migrantes ilegales a través de sus países.
Los jefes de las oficinas de migración de América Central acordaron este mes en esta capital "fortalecer el diálogo" con Canadá y Estados Unidos, y, en menor medida, con México, para acabar con el flujo de ilegales que arriesgan hasta la vida en pos del "sueño norteamericano".
"El problema es de los países de América del Norte. Nosotros tratamos de colaborar con ellos para controlar este grave problema", dijo a IPS Raúl Ovando, director técnico del Programa de Migración Centroamericano (PROCAM).
Ovando informó que las autoridades migratorias de América Central se reunieron con las de Canadá y Estados Unidos en dos oportunidades para considerar el problema, la primera en Panamá, en 1995, y la segunda en México, en 1996. La próxima instancia se producirá en marzo de 1997.
"La lucha contra el tráfico de personas es costosa. Los países del Norte deberían colaborar con nuestras naciones en términos financieros, tecnológicos, de capacitación, de medios de comunicación y de transporte", sostuvo el funcionario.
Ovando afirmó que "el tráfico de personas es el delito más oprobioso y está asociado al tráfico de drogas o al lavado de dinero", por lo que, dijo, "hay que acabar" con él.
El tránsito de emigrantes ilegales a través de Nicaragua aumentó considerablemente en los últimos seis años, período en el que se retuvo a casi 3.000 personas procedentes de Perú (1.323), Ecuador (599), India (246), Colombia (172), China (81), Cuba (28) y Jordania (11).
Del área centroamericana, la mayoría de los retenidos fueron costarricenses (104) y salvadoreños (74).
Los años más intensos fueron 1995, en el que se registraron 880 retenciones, y 1992, con 674 casos.
"El ilegal viene a nuestros países con la meta de ir hacia Estados Unidos, en pos del famosos 'sueño norteamericano"', dijo a IPS César Delgadillo, director saliente de Migración de Nicaragua.
"Los ilegales no vienen a quedarse en nuestros países, pero pasan por ellos perturbando las leyes, las economías nacionales y los presupuestos institucionales", añadió Delgadillo.
El funcionario recordó que los estados deben facilitar alimento, alojamiento y medicinas a los migrantes ilegales retenidos pues, de lo contrario, serían acusados de violar los derechos humanos.
"Nosotros no tenemos suficiente recursos. Estados Unidos, Canadá y México deberían tomar conciencia de estas limitaciones y brindarnos ayuda técnica y económica para aliviarnos la carga", sostuvo el funcionario.
De acuerdo con informes del gobierno de Nicaragua, en los últimos seis años se reembarcó desde ese país hacia sus naciones de origen un total de 4.786 extranjeros ilegales. De ese total, 918 eran ecuatorianos, 886 peruanos, 275 salvadoreños, 569 costarricenses, y 504 indios.
El 13 de noviembre entró en vigencia en Nicaragua una ley contra el tráfico de migrantes ilegales que establece penas de hasta ocho años de prisión y multas de hasta 6.000 dólares contra los autores y cómplices de este delito.
"La ley va a frenar algo el tráfico de personas, pero no creo que sea la solución total del problema, que se encontrará a través de respuestas integrales", comentó Delgadillo.
Ovando dijo, además, que es necesario y urgente homogeneizar las leyes de América Central en la materia y establecer fuertes sanciones.
"En la mayoría de los países de América Central las leyes son obsoletas", dijo el funcionario.
"Nuestras leyes deben calificar el tráfico de personas como uno de los delitos más oprobiosos de la humanidad, y establecer las sanciones correspondientes", concluyó Ovando. (FIN/IPS/rf/mj/ip pr/96
