Un nuevo plan binacional para corregir los numerosos problemas ambientales que afectan la frontera entre Estados Unidos y México por primera vez no se basa en el gasto de más dinero, sino en una mejor cooperación y coordinación.
El ambicioso Programa Frontera XXI, que acaban de difundir los funcionarios estadounidenses, reconoce que las necesidades de infraestructura ambiental a lo largo de una frontera de 3.120 kilómetros exceden ampliamente los recursos disponibles, pero el plan diseñado para cinco años no requiere financiación adicional.
En lugar de fijar su atención en los miles de millones de dólares que faltan para financiar el plan, Frontera XXI identifica como el mayor obstáculo la falta de coordinación y de cooperación entre las diferentes oficinas federales, estaduales y municipales a ambos lados de la frontera.
Los preservacionistas que trabajan en la zona limítrofe, de 200 kilómetros de extensión, elogian este enfoque y afirman que lo más desesperadamente necesitado en este momento es la ejecución de las soluciones que aconseja la experiencia práctica, y no una financiación extraordinaria.
El rápido crecimiento industrial ha sido acompañado del "crecimiento de la población y modelos de producción y consumo que exceden la capacidad de la base natural de recursos", por lo que muchos de los 10 millones de habitantes del área fronteriza enfrentan graves riesgos de salud, según documentos del proyecto.
"Frontera XXI procurará un equilibrio entre los factores socioeconómicos y la protección del ambiente en las comunidades y áreas naturales fronterizas", se anuncia en el plan, publicado el viernes por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos.
Desarrollado como parte del acuerdo ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el proyecto se implementará mediante nueve grupos de trabajo binacionales, cada uno de los cuales se concentrará en un tema en particular, incluyendo agua, aire, desechos peligrosos y prevención de la contaminación.
Cada grupo tendrá por meta el cumplimiento de objetivos generales en un plazo de cinco años en lugar de proyectos específicos, en reflejo de "las realidades presupuestales a corto plazo".
El interés en el aumento de la colaboración produjo el mes pasado el "primer encuentro" de autoridades ambientales de 10 estados fronterizos (seis mexicanos y cuatro estadounidenses), señaló Alan Hecht, un alto funcionario de la Oficina de Actividades Internacionales de EPA.
La participación de funcionarios estaduales y locales es esencial, explicó Hecht, porque las autoridades federales de ambos lados de la frontera delegan en ellos cada vez mayores responsabilidades en cuanto a la aplicación de las normas ambientales.
Destacó además que los funcionarios locales se han dado cuenta de que el explosivo crecimiento económico de la región no es ambientalmente sostenible. Por ejemplo, dijo, funcionarios de El Paso-Juárez "hablan abiertamente sobre la escasez de agua".
Actualmente, EPA invierte unos 175 millones de dólares en proyectos ambientales de infraestructura en la zona fronteriza, mientras el gobierno de México invierte "una suma similar".
Sin embargo, los fondos necesarios para el cuidado del medio ambiente son muy superiores a esa cifra, y existen a ambos lados de la frontera graves problemas que han permanecido sin tratamiento durante años.
Sólo México necesita 442,3 millones de dólares en los próximos cinco años únicamente para "mejorar el suministro de agua", según Frontera XXI.
La falta de iniciativa del programa sobre nuevos fondos refleja las dificultades presupuestales en Washington y Ciudad de México, destacó Hecht.
Pero Peter Emerson, economista del Fondo de Defensa del Medio Ambiente, con sede en Texas, no considera que el incremento de fondos aumente la eficacia de los programas de protección al medio ambiente.
"No creo que volcar 100 millones de dólares más resuelva el problema, a menos que se realicen proyectos efectivamente", manifestó. (FIN/IPS/tra-en/pz/yjc/ml/en/96
