Los presidentes y delegados de América Latina y el Caribe que asistan este fin de semana a la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Américas en Bolivia recibirán un estudio, preparado por dos agencias de las Naciones Unidas, que quizá los sonroje, pues los acusa de incumplimiento.
"Hasta la fecha los países de la región no cuentan con un sistema jurídico apropiado para la protección del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible",que sea compatible con los compromisos asumidos en la Cumbre de la Tierra, celebrada en 1992, señala el documento.
Financiado por los Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y para el Medio Ambiente (PNUMA), la investigación, conocida por IPS en México, sostiene la tesis que los gobiernos de América Latina y el Caribe prometieron mucho pero cumplieron poco al adecuar su legislación ambiental.
Según la venezolana Isabel Martínez, consultora del PNUMA, organismo cuya sede regional está en México, los escasos y desiguales avances en materia jurídica demuestran que los gobiernos no tienen voluntad en el tema.
Los gobiernos deben ser más sinceros, la sociedad tiene que obligarlos a cumplir su promesas de tener leyes que promouevan el desarrollo sostenible, declaró la experta a IPS.
Preparado para entregarse en la cumbre que se celebrará este fin de semana en Santa Cruz, Bolivia, el documento sostiene que "el estado general actual de la legislación y administración ambientales tiene muchos vacios e inconsistencias que superar, así como problemas graves de aplicación".
En la Cumbre de la Tierra, realizada en Brasil, los 179 países participantes, entre ellos los de América Latina y el Caribe, suscribieron el compromiso de adecuar sus legislaciones y "dictar leyes eficaces" sobre medio ambiente.
En esa reunión, algunos de cuyos principios se volverán a tocar en la cumbre de Bolivia, se aprobó la Agenda 21 y la Declaración de Río, documentos que contienen apartados que obligan a los gobiernos signatarios a introducir instrumentos de política ambiental en sus leyes.
En Brasil se firmaron además la Convención sobre Cambio Climático y el Conveio sobre Diversidad Biológica, instrumentos que también imponen cambios legales.
Si bien la Cumbre de la Tierra "influyó en una cantidad significativa de transformaciones jurídicas", sólo tres de los países de América Latina y el Caribe incluyeron en sus constituciones, luego de 1992, el "derecho a un medio ambiente adecuado", indica el documento conjunto del PNUD-PNUMA.
El derecho a la información, que permite a los ciudadanos conocer sobre las políticas ambientales, fue incorporado a las leyes en siete países de la región, luego de la Cumbre, "pero se observan carencias en materia de la instrumentación necesaria", señala.
Sobre el concepto de desarrollo sostenible informa que tres países lo incluyeron en sus constituciones, mientras otros cinco lo hicieron en normas de menor jerarquía. No se observa, sin embargo, "que el concepto trascienda la legislación económica nacional", apunta.
En relación a principios sobre la prevención y reparación del daño ambiental, asi como el de contaminador-pagador, afirma que en la mayoría de países no existen normas procesales para obligar a su cumplimiento.
"Menos suerte han corrido otros principios de la Declaración de Río, como es el caso del reconocimiento de los derechos de las minorías, que sólo ha sido incorporado a la legislación de cinco países de la región y que, además, se halla aún muy lejos de estar instrumentado", sostiene el estudio.
En cuanto al Convenio sobre Diversidad Biológica, indica "que en los general no ha sido expedida" una legislación que lo promueva.
Añade que tampoco hay avances en materia de cambios institucionales ni en mecanismos que alienten la participación de la sociedad en la definición y control de las políticas ambientales.
El escaso desarrollo de la legislación ambiental es un fenómeno recurrente en la región. Ello determina que las normas adoptadas, "que por lo general carecen de la precisión necesaria", queden sin aplicación, sostiene el estudio.
"Ojalá en la cumbre de Bolivia se asuma un mayor compromiso para dictar las leyes necesarias sobre medio ambiente. El tiempo apremia si consideramos la gravedad de los problemas", advirtió Martínez. (FIN/IPS/dc/dg/ip-en/96)
