Más de 5.000 hectáreas de bosques nativos en el sur de Chile están en peligro de desaparecer, a raíz de una autorización de tala otorgada ilegalmente a dos empresas privadas, denunció el diario La Nación de esta capital.
El director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la décima región del país, Francisco Mendoza, está siendo investigado por orden de José Antonio Prado, director nacional de este organismo, como responsable del virtual delito.
La operación autorizada en las comunas rurales de La Unión y Corral, unos 850 kilómetros al sur de Santiago, "es una de las talas rasas de bosque nativo más grandes de que se tenga conocimiento", señaló el diario.
La décima región de Los Lagos es una de las mayores reservas forestales de Chile y el proyecto de las empresas Bosques e Inversiones de Havilland es talar las 5.198 hectáreas de árboles autóctonos para plantar eucaliptus, una especie exógena.
La Alianza por los Bosques de Chile, una red de 200 organizaciones ambientalistas y sociales, viene denunciando el sistemático exterminio de bosques naturales, cuyas valiosas maderas son exportadas como astillas.
Los ecologistas advirten que la introducción de pino radiata, eucaliptus y otras especies de rápido crecimiento no sólo amenaza al bosque nativo sino que además implica un empobrecimiento de suelos aptos para el cultivo de trigo.
Según la Alianza, las presiones de las empresas madereras están retrasando la expedición de la Ley del Bosque Nativo, que se comenzó a debatir en 1992, impidiendo así un marco que regule integralmente sus actividades y proteja esta riqueza.
En el caso denunciado por La Nación se violó la escasa legislación forestal vigente para otorgar la autorización de tala a las dos empresas privadas, que contaron para estos efectos con el apoyo de Mendoza.
El jefe regional de Conaf ordenó a sus subalternos que aceptaran los planos de manejo reformados que presentaron las dos empresas, luego de que sus proyectos originales de explotación fueran rechazados por esa entidad gubernamental.
En la investigación llevada a cabo por cinco expertos de la dirección nacional de Conaf se establece que Mendoza presionó al personal bajo su cargo para que firmaran la aprobación de la tala, aunque estos dejaron constancia de sus reservas.
Conaf deberá revocar esas autorizaciones, pero es probable que para lograrlo tenga que litigar en los tribunales con las dos empresas, porque jurídicamente la aprobación ya les otorgó derechos sobre los terrenos implicados en el proyecto. (FIN/IPS/ggr/ag/en/96
