Grupos indígenas mayas de Belice llevaron esta semana a la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en esta capital una campaña por su reclamo de tierras, cuyas selvas son taladas por empresas de Malasia.
Tras iniciar un jucio contra el gobierno de Belice por sus derechos a su hábitat ancestral, el 29 de noviembre, los mayas mopan y kechi del distrito sureño de Toledo se dirigieron al BID, solicitando apoyo a su reclamo de que se detenga la tala de árboles en el área.
Después de un año de demostraciones, "enfrentamos 17 concesiones madereras", dijo Julian Cho, presidente del Consejo Cultural Maya de Toledo, y añadió que por ese motivo "nuestra gente está furiosa".
Además de las concesiones a empresas madereras, los mayas cuestionan los planes del gobierno para pavimentar un camino de tierra de 167 kilómetros que serpentea entre las montañas maya y el mar Caribe.
El BID será uno entre varios socios extranjeros en el proyecto de rehabilitación de la ruta. Los líderes mayas afirman que el proyecto podría atraer un desarrollo muy necesario para su "pueblo olvidado".
Pero, entre las consecuencias negativas, figura la caída de 223.000 hectáreas de bosques en manos de taladores extranjeros.
Los grupos maya manifestaron cierta satisfacción -aunque moderada-, tras sus reuniones esta semana con autoridades del BID, el cual deberá entregar 28 millones de dólares para financiar el proyecto, cuyo costo total es de 71 millones.
Portavoces del BID dijeron a IPS que la propuesta de financiación del banco no llegará a la junta directiva del banco para decidir su aprobación hasta comienzos de 1997.
Mientras, "el banco consulta con grupos involucrados en los temas, incluyendo indios mayas, el gobierno, empresarios y organizaciones comunitarias", dijo a IPS una fuente del BID.
Los representantes legales de los mayas consideran que la propuesta suena prometedora.
"Nuestra esperanza es que con el juicio y la presión del BID, el gobierno vea la luz, revierta su curso, e inicie negociaciones de buena fe con el pueblo maya", dijo Steven Tullberg, director de la oficina en Washington del Centro de Investigación de Leyes Indias.
Indios mayas viven en la Reserva Forestal del Río Colombia, la región económicamente más pobre pero más rica en recursos de Belice.
La región es "inusualmente pródiga, y soporta a numerosas especies exóticas de pájaros y plantas, y poblaciones de jaguares, tapires y monos", señaló la Red de Acción por las Selvas (RAN).
Agencias financiadoras como el BID han reconocido que, aunque resulta relativamente fácil medir el impacto directo de un proyecto dado, los costos indirectos sobre el ambiente y las comunidades locales son mucho más complejos.
Un "Estudio Ambiental" preparado por el BID señala los potenciales efectos indirectos de las mejoras a la ruta sobre la comunidad indígena. El estudio señala dos evaluaciones ambientales complementarias finalizadas para el proyecto en 1994 y 1995.
Pero mientras esos estudios señalaron los efectos directos de la construcción de una carretera y excavaciones, el nuevo documento destaca los posibles efectos negativos del uso de la tierra y otras actividades en Toledo.
Entre las consecuencias adversas se citan la instalación de granjas y pobladores a lo largo de la ruta.
Además, entre los efectos indirectos la ruta "mejorará el acceso para el transporte de madera talada en la región sur", lo cual "bien podría presentar un incentivo a operadores que tengan concesiones de tala en la región, para expandir sus actividades".
Esta evaluación coincide con la de los mayas, quienes, con una población de 14.000 personas, representan alrededor de siete por ciento de la población de Belice.
El juicio iniciado en la Corte Suprema el 29 de noviembre por la Asociación de Alcaldes de Toledo, el Consejo Cultural Maya de Toledo e individuos maya, declara que el gobierno "violó derechos de los aborígenes mayas" con la entrega de licencias a la empresa malasia Atlantic Industries Ltd y otros intereses privados "para talar en tierras tradicionales mayas".
El juicio hace un llamado al gobierno a detener la tala, y afirma que la tierra pertenece a los mayas, quienes cazaron y pescaron en ella durante siglos.
La ley de Belice no reconoce las demandas maya de territorio, gran parte del cual es designado como propiedad del Estado. Pero los ciudadanos pueden abrir juicio contra el gobierno si creen que sus derechos constitucionales han sido desconocidos.
Otros países cuyos sistemas legales se basan en la ley consuetudinaria inglesa garantizan los derechos a la tierra basados en el uso tradicional, entre ellos Canadá, Estados Unidos, Nigeria, y más recientemente, Australia.
"Parte de la estrategia legal no es ejercer presión sobre el gobierno, sino cambiar el ángulo del debate", estimó James Anaya, profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad de Iowa.
Avido de divisas, el gobierno del primer ministro Manuel Esquivel abrió casi la mitad del área disputada a empresas malasias propiedad de Atlantic Industries.
En junio, el gobierno revocó el estatuto protegido de una reserva natural maya para dar a las compañías acceso a la madera. Otra empresa malasia, la Toledo Atlantic International Ltd., también ganó una concesión en el área. (FIN/IPS/tra-en/yjc/jl/lp/en-if/96
