La universidad venezolana, cantera de críticas a la desnacionalización parcial de la industria petrolera, será en 1997 socia del grupo estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para explotar campos de crudos.
El ministro de Energía, Erwin Arrieta, anunció la entrega de tres campos ahora inactivos a tres universidades públicas: de Oriente, Central (Caracas) y del Zulia (occidente).
"Se llegó a un acuerdo con esas casas de estudio que poseen escuelas de petróleo o geología, para que obtengan ingresos propios y formen más recursos humanos", dijo Arrieta.
Para operar los campos, Mara (occidente), Tocororo y Jobo (oriente), se constituirán empresas mixtas, con un tercio de capital y beneficios para PDVSA y dos tercios para cada una de las universidades.
Mientras, otros 20 campos "marginales" serán subastados para la asociación de PDVSA y capitales privados, a comienzos de 1997, habiéndose reservado cinco para inversionistas nacionales.
Se llaman marginales los campos ubicados en la periferia de los principales yacimientos y cuya explotación comercial ha declinado y se encuentran cerrados o con producción muy por debajo de su potencial.
Para reactivarlos se requiere de inversiones en capital y tecnología que PDVSA desea compartir con particulares, dentro de su estrategia de invertir en 10 años unos 60.000 millones de dólares para producir hasta seis milllones de barriles por día, en vez de los 3,2 millones actuales.
La entrega en 1992 de los primeros campos inactivos significó el fin del monopolio estatal -desde que se nacionalizó la industria en 1976- en la extracción de hidrocarburos, y el regreso de trasnacionales a la producción del "oro negro".
Los 14 campos asignados desde entonces extrajeron 5.000 barriles diarios en 1992 y más de 100.000 en la actualidad. Entre los operadores figuran las argentinas Maxus y Pérez Companc, la francesa Total, la japonesa Teikoku, las británicas BP y Shell, y las estadounidenses Benton y Vinccler.
PDVSA, que a su vez adquirió complejos de refinación y dsitribución en Europa y Estados Unidos, se asoció con trasnacionales para extraer gas bajo aguas del Caribe venezolano y para producir crudo en la sudoriental Faja del Orinoco.
Esa Faja es considerada el mayor depósito de crudos pesados del planeta, con más de un billón (millón de millones) de barriles, de los cuales 270.000 millones son recuperables con las tecnologías conocidas.
El proceso de apertura llegó a su cenit este año, cuando PDVSA subastó ocho campos de crudos tradicionales (livianos y medianos, apetecidos por las refinerías convencionales) que contendrían unos 7.000 millones de barriles y producirían medio millón al día en la próxima década.
Sectores nacionalistas, encabezados por el empresario Luis Vallenilla y el ex rector de la Universidad Central Simón Muñoz, se opusieron al proceso. Su organización, Fundapatria, demandó la nulidad de la subasta de campos tradicionales ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no ha tomado decisión.
Fundapatria objeta la asociación de PDVSA con empresas extranjeras para operar campos tradicionales, aunque no para la extracción de crudos de la Faja, y critica el diseño de los proyectos por considerarlos excluyentes del capital local.
PDVSA argumenta que el tamaño del negocio ha excedido la capacidad conocida de los inversionistas locales, y que busca socios con experiencia en producción, transfomación y comercio de petróleo, así como el ingreso de nuevas tecnologías.
El ministro de Planificación, Teodoro Petkoff, ilustró la brecha al destacar que la banca venezolana no está en condiciones de armar un préstamo sindicado de 120 millones de dólares.
Los campos tradicionales asignados requieren inversiones iniciales de varios cientos de millones de dólares, en tanto los marginales pueden despegar con la inversión de algunas decenas.
La asignación de campos a inversionistas nacionales, y ahora a las universidades, es una rama de olivo de la industria a los sectores críticos de opinión.
"No se trata de ningún regalo", puntualizó Arrieta, pues "las universidades deberán amortizar el equivalente en dinero de los dos tercios en acciones que tendrán en cada caso".
Las universidades públicas son un foco de protestas callejeras en demanda de recursos, pues reclaman para funcionar 1.300 millones de dólares por año, aproximadamente 10 por ciento del pesupuesto del Estado, que les asignó sólo la mitad en su proyecto de gastos para 1997. (FIN/IPS/hm/en if/96
