El gobierno de Venezuela buscará que suban los salarios, deprimidos por el ajuste económico de choque que aplicó este año, y que a cambio se desmonte el sistema de prestaciones sociales, oneroso según los empleadores.
Los sindicatos y la izquierda piden por lo menos duplicar el salario mínimo, como respuesta a una inflación de 91,5 por ciento en 10 meses, en tanto los gremios de empresarios rehusan "aumentos aislados" y piden abatir primero la inflación.
"Las prestaciones serán el punto central de todo el asunto", dijo en un foro de gerentes el ministro de Planificación, Teodoro Petkoff, nombrado mediador entre patronos y obreros y en realidad juez y parte, pues el Estado emplea uno de cada cuatro trabajadores formales de Venezuela.
El alza de salarios para expandir la demanda y el cambio en el colapsado sistema público de seguridad social restan como nudo gordiano para la modernización económica de Venezuela, buscada con el programa de ajuste lanzado en abril.
Ese programa subió precios -la gasolina quintuplicó su valor- e intereses, elevó tarifas, devaluó la moneda y liberó el cambio, elevó el impuesto a las ventas y su resultado fue un salto en la inflación que ya era la más alta de América Latina, con una pronunciada caída del consumo.
También significó acelerar la privatización de empresas -de acero, aluminio, aviación, banca y turismo- y una campaña para atraer inversiones a nuevos proyectos, cosechándose asociaciones para la producción petrolera y petroquímica.
Para la inmensa mayoría de venezolanos, el ajuste trajo más pobreza, situación en la que según estudios privados se encuentra 84 por ciento de la población, que con sus ingresos no cubre la cesta básica, valorada en 512 dólares en septiembre.
Más de 40 por ciento se encuentra en pobreza crítica, pues no alcanza a la cesta alimentaria, valorada en 257 dólares, y entre 15 y 18 por ciento sobrevive en "pobreza atroz": sus ingresos no alcanzan para 40 por ciento de la canasta de alimentos.
El ingreso mínimo de los trabajadores en Venezuela es de 112 dólares mensuales y los sindicatos sostienen que es la remuneración que se paga a la mitad de los asalariados.
El partido izquierdista Causa Radical, que cuenta con 20 por ciento de las bancas en el parlamento, presentó un proyecto de ley para elevar el salario mínimo a 212 dólares, en tanto las centrales obreras piden 257 dólares, equivalente a la canasta de alimentos.
Otro tema sobre el tapete es la "bonificación" del salario, pues tanto el Estado como los empleadores privados, para huir del sistema retroactivo de prestaciones, completan los salarios de base con bonos, llamados de compensación por el costo de la vida, de transporte, alimentos o productividad.
El salario mínimo que sirve de base para calcular las prestaciones sigue siendo de 31 dólares mensuales en Venezuela.
Pero los empresarios y el gobierno, según reiteró Petkoff, reclaman que antes de elevar la base de la pirámide salarial se revise el régimen de prestaciones, es decir, la indemnización que recibe el trabajador cuando cesa la relación laboral.
Ese régimen establece que se pague al trabajador un mes de salario por año trabajado, en el caso de renuncia o despido justificado, y pago doble en caso de despido injustificado, pero la base de cálculo es la del último salario devengado.
Los empresarios avalan proyectos de reforma que tienden a una base anual de cálculo y el gobierno dio señales de apoyar esta tesis, pero sindicatos y trabajadores, según encuestas, rechazan el mecanismo porque las prestaciones se han convertido, al paso de los años, en reemplazo de la seguridad social.
La seguridad social en Venezuela paga míseras pensiones de vejez o invalidez -unos 30 dólares mensuales actualmente- y mantiene un sistema de salud basado en hospitales que frecuentemente colapsan entre carencias y caos administrativo.
El debate, que gira en forma cíclica sin soluciones, lleva a unos a pedir un sistema de seguridad social nuevo y mejor antes de desprenderse de la "retroactividad", y a otros a convertirla en requisito para evisar y elevar las tablas de salarios.
El viernes comenzarán nuevas reuniones tripartitas, "la última oportunidad de encontrar una solución", según Carlos Navarro, secretario general de la mayoritaria Confederación de Trabajadores de Venezuela.
"Un incremento del salario mínimo en este momento es inviable y no puede ser punto de partida, sino más bien resultante de lo que se pueda lograr al discutir otros temas, como prestaciones y seguridad social", replicó Pedro Carmona, presidente del gremio de los industriales.
Planteado el problema, Petkoff dijo que "hasta que no se resuelva, todo el edificio de la seguridad social de los trabajadores estará deteriorado, porque no cuenta con ingresos suficientes para poder subsistir".
Además de su función mediadora, el gobierno tiene por delante la negociación de convenciones colectivas con centenares de miles de sus trabajadores, tras comprometerse a subir los salarios "por encima de la inflación" prevista para 1997, del 20 al 30 por ciento. (FIN/IPS/hm/ag/if/96
