Tres tribunales de Venezuela se enfrentaban hoy por procesar a militares y civiles sindicados de provocar un incendio en la cárcel caraqueña La Planta el 22 de octubre, en el que 25 presos perecieron calcinados.
Para castigar a 56 presos, los custodias los encerraron en una celda de 16 metros cuadrados y les arrojaron bombas lacrimógenas, desatándose en la confusión un incendio que calcinó a 25 individuos, en su mayoría jóvenes procesados sin sentencia.
Un guardián civil y una decena de militares, entre quienes un capitán, un teniente y un cabo de la Guardia Nacional señalados por encerrar a los reclusos y arrojarles bombas, fueron detenidos preventivamente, mientras varios jueces abrían investigaciones.
El mayor Pablo Marín, juez tercero militar de Caracas, y los jueces penales María La Riva y Maximiliano Fuenmayor, efectuaron separadamente interrogatorios, inspecciones, experticias y estudios de protocolos de autopsias y declaraciones de testigos.
"Es una situación anómala, que se aboquen a investigar los mismos hechos tribunales penales diferentes", dijo a IPS el penalista Alberto Arteaga, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela.
Los conflictos entre tribunales, conforme a normas y prácticas de la justicia venezolana, llegarían hasta la Corte Suprema de Justicia, con sus secuelas de retraso procesal, ineficacia de la sanción y frustración para una población conmocionada por las imágenes de los cadáveres calcinados junto a las rejas.
Mientras el tribunal militar mantenía un muy bajo perfil, entre La Riva y Fuenmayor se desató una especie de carrera contra-reloj, con una primera meta ganada por Fuenmayor, al dictar la tarde del jueves cuatro autos de detención.
Esos autos u órdenes formales de detención inician el juicio propiamente dicho en Venezuela. Fueron dictados por presunto homicidio calificado contra el capitán Osmer Martínez, el teniente Oscar Pérez, el cabo Alexis Zabala y el guardián civil Cecilio Materán.
Fuenmayor admitió que sus actuaciones no incluyeron interrogatorios a los militares involucrados ni fueron seguidas por la Fiscalía General (que vela por la observancia de las leyes), mientras que La Riva y Marín sí cumplieron esos pasos.
La Riva abrió este viernes el conflicto de competencia entre tribunales civiles al criticar la decisión de Fuenmayor como "irregular", pues "no tomó declaraciones a afectados, señaló a personas insuficientemente identificadas en autos y actuó con prescindencia de la Fiscalía".
El general del ejército Pedro Valencia, ministro de Defensa, dijo por su parte que no prevé la entrega al tribunal de Fuenmayor de los militares arrestados en su comando.
"Hemos dado todas las facilidades a los diferentes jueces para su labor", pero que él debe "proceder según el artículo 135 del Código de Justicia Militar", afirmó.
Ese artículo señala que el ministro de la Defensa deberá decidir la entrega al tribunal civil del personal bajo su mando, pero si un tribunal militar investigase el caso, deberá esperar por el final de esas averiguaciones.
La lenta y enrevesada administración de justicia, que viven en carne propia, llevó a miles de presos en varias cárceles de Venezuela, los últimos días de octubre, a efectuar huelgas de hambre y de brazos caídos para exigir justicia en el caso del macabro incendio de La Planta.
Exigieron además mejoras en sus infrahumanas condiciones de reclusión -como las calificó el Papa Juan Pablo II a las puertas de una cárcel caraqueña en febrero- comenzando por el retiro de la Guardia Nacional de sus funciones de custodia.
La agilización de los juicios es una demanda clave, pues de los 25.000 presos que se hacinan en 33 cárceles, 18.000 son procesados sin sentencia.
Abundan quienes tienen cuatro o cinco años detenidos sin siquiera oír formalmente los cargos por los que se les acusa.
El criminólogo Elio Gómez dijo que por esa lentitud, por el hacinamiento, el lucro de funcionarios con las necesidades de los presos y la degeneración de cárceles como La Planta "la masacre del día 22 también tiene autores intelectuales".
La justicia en Venezuela, en cuyo rostro estallan casos tan violentos como el de La Planta, está enzarzada en disputas como la gestión de un programa de modernización de los tribunales, a un costo de 120 millones de dólares.
El Banco Mundial financiará la mitad del proyecto, pero las diferencias de criterio son tan marcadas que se dividió el Consejo de la Judicatura, el organismo de la administración y disciplina de los 1.400 jueces que actúan en el país.
Las élites jurídicas y políticas debaten desde hace años sobre cambios en el sistema penal -por ejemplo pasar de juicios escritos y lentos a orales y expeditos- y en todo el poder judicial, pero todavía lucen muy distantes de un consenso. (FIN/IPS/hm/dg/ip- pr/96
