Más de mil habitantes de Suriname aguardan que el gobierno tome medidas para poder restablecerse en sus comunidades, cuatro años después del fin de la guerra civil que los obligó a desplazarse.
Más de 1.000 ex refugiados que huyeron de la guerra entre 1987 y 1992 afirman que las autoridades continúan ignorando su pedido de ayuda.
La guerra civil movilizó a los Comandos de la Jungla, integrados por "maroons", descendientes de esclavos fugitivos, y los Amazonas, grupos formados por amerindios.
Los Comandos de la Jungla iniciaron la actividad guerrillera en 1986, en protesta por años de exclusiones de sucesivos gobiernos, y los Amazonas en julio de 1989, a raíz de un acuerdo de paz firmado entre los maroons y las autoridades.
Ambos alzamientos tuvieron docenas de víctimas, y dañaron seriamente las industrias de extracción de bauxita y aceite de palma.
Cientos de surinameses huyeron entonces a Guayana Francesa, para regresar tras la negociación de un acuerdo de paz en el cual el gobierno se comprometió a asistir a los desplazados en la reconstrucción de sus viviendas.
En enero de 1992, se creó una comisión con representantes de los gobiernos de Suriname y Guayana Francesa y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para asegurar el retorno a la vida normal para los ex refugiados. En 1994, 9.000 desplazados habían regresado a su tierra natal.
La comisión aseguró a los desplazados que se les brindaría vivienda temporal, herramientas para la agricultura, vestimenta y alimentación para casi un año, lapso después del cual deberían ser capaces de reestablecerse y reconstruir sus villas.
Pero hasta la fecha no recibieron nada, mientras las mujeres y los niños llevan la carga más pesada de la situación, mientras los hombres tienden a migrar a villas vecinas en busca de trabajo, señaló Henna Malmber, de la Asociación Consultora Internacional para Proyectos de Desarrolllo (ICAD).
Muchas mujeres buscan ocupaciones no tradicionales como la construcción, un papel hasta ahora exclusivamente masculino. Quizás sea esta una consecuencia positiva de la crisis, ya que "el hecho de que ya no puedan confiar en la contribución de los hombres ha traído cambios", evaluó Malmberg.
Autoridades de ACNUR dicen estar "muy desilusionadas" con la actitud del Ministerio de Desarrollo Regional, responsable de asistir a los ex refugiados.
"ACNUR reconoce que la situación de las personas repatriadas aún es precaria. Hay un alto índice de desempleo, los servicios de educación y atención de la salud no funcionan, y el transporte es casi inexistente en algunas villas", dijo una fuente de la agencia.
Tras el fin de la guerra, en 1992, los hospitales, las escuelas, la red de agua potable y el transporte quedaron en ruinas en algunas áreas. (FIN/IPS/tra-en/rvdk/cb/lp/ip-pr/96
