El gobierno de Sudáfrica está dando los primeros pasos dirigidos a dictar una legislación en materia ambiental, y se espera que los proyectos concretos sean vistos en la Asamblea Nacional a principios del año próximo, creando así la primera política ambientalista en este país de Africa meridional.
La preocupación por el ambiente quedó situada en lugar subalterno al nacer la nueva Sudáfrica en 1994, pues el país se vio apremiado por una delincuencia ascendente, un grave desempleo y enormes desigualdades de ingresos entre sectores sociales.
"El ambiente está bastante abajo en las prioridades", afirmó a IPS David Fig, del Grupo de Control Ambiental (GEM).
Desde que el nuevo gobierno tomó el poder, su mayor empeño ha estado volcado a las necesidades más acuciantes, como la vivienda, la electricidad y otras carencias básicas.
De ello resultó que la formulación de políticas adelantara bastante en los departamentos del gobierno dedicados a la vivienda, el trabajo y las telecomunicaciones, pero no ocurriera lo mismo en el ministerio competente en cuestiones ambientales.
Finalmente ha podido conocerse, sin embargo, un primer borrador ministerial dedicado a la futura legislación en materia ambiental, que preparó un grupo denominado Proceso Consultivo Nacional de Política Ambiental (CONEPP).
El CONEPP fue creado por el gobierno a comienzos de este año para permitir que todas las partes involucradas contribuyan a la redacción de las futuras leyes.
"Pedimos a todos los sudafricanos que hagan llegar los aportes y comentarios que el conocimiento de este documento les sugiera", declaró el ministro de Asuntos Ambientales y Turismo, Pallo Jordan.
De acuerdo con Christelle van der Merwe, coordinadora nacional del CONEPP, el gobierno espera tener una política ambiental en fase de aplicación efectiva en el plazo de cinco años.
Esa política, según la experta, deberá contribuir de forma sustancial a mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante una conciliación de las exigencias del desarrollo económico con un uso sostenible de los recursos naturales.
El documento ministerial expresa que "el proceso consultivo debería crear una conciencia nacional de la relación que existe entre el desarrollo y el uso sostenible del ambiente, a fin de alcanzar un desarrollo sostenible".
Este proceso consultivo busca definir incluso términos en apariencia tan simples como "ambiente", ya que no están definidos en la nueva Constitución, aprobada este año.
El borrador oficial reconoce que son muchas las áreas donde es necesario aplicar una política correctiva, tales como la contaminación, el manejo y destino de residuos, la participación de la sociedad y el papel de la gente común en las decisiones.
La legislación deberá tener en cuenta, según los expertos, las realidades heredadas del régimen segregacionista, bajo el cual la población negra no tenía derechos siquiera sobre la tierra en la que vivía.
Además de otros derechos, los negros fueron desposeídos del derecho de propiedad y debieron vivir en comunidades superpobladas y carentes de servicios públicos, en muchos casos cercanas a zonas industriales.
Las áreas pobres, ya sean urbanas o rurales, tienen poco o ningún acceso al agua y la electricidad. Suelen ser malos los servicios de sanidad y de recogida de basura. Las enfermedades infecciosas debidas a estas carencias son la principal causa de muerte en la infancia, según señala el borrador.
Las ocho áreas metropolitanas que existen en el país -que cubren sólo seis por ciento del territorio- albergan casi la mitad de la población y producen 15 millones de toneladas de residuos sólidos por año, pero sólo una décima parte de los depósitos de desperdicios están autorizados.
Según Fig, el futuro está empedrado de interrogantes: cómo crear empleo preservando el ambiente, qué instituciones serán las adecuadas para aplicar y controlar una política ambiental, y qué papel deberá desempeñar el gobierno en esa tarea.
"Está planteada una fuerte discusión en cuanto al control y la reglamentación", dijo Fig. "En todo el mundo se tiende a minimizar la participación gubernamental, pero también hay quienes piensan que el control del gobierno es crucial en materia de ambiente".
Jordan recordó que en este momento no es posible determinar dónde son más severos los problemas ambientales, y que para tener una base que permita hacer ese análisis hay que aguardar los resultados del primer censo total de población, que está en fase de ejecución.
La población de Sudáfrica -ahora estimada en unos 41 millones de personas- crece rápidamente, con proyecciones que apuntan al doble de esa cantidad en el plazo de 30 años. (FIN/IPS/tra-en/gm/jm/pm/arl/en-pr/96
