Cuba eliminó el analfabetismo, prohibió la privatización de la enseñanza y estableció un sistema educativo gratuito y obligatorio hasta noveno grado, pero enfrentó los pro y los contra de "una universidad para todos".
Por un lado, el país caribeño se beneficia con las garantías de contar con una fuerza de trabajo calificada. Por otro, enfrenta la contradicción entre las necesidades reales de de su economía y el alto número de graduados universitarios.
Cuba, donde a lo largo de esta semana se celebra una conferencia regional con el objetivo de estudiar la transformación de la educación superior, es el mejor ejemplo de la necesidad de establecer la igualdad de oportunidades a partir de la capacidad individual.
Convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la conferencia de La Habana es la primera de un ciclo de reuniones regionales, que antecederán a una mundial en París en 1998.
Calidad y pertinencia, financiamiento, privatizaciones, nuevas tecnologías y cooperación internacional serán algunos de los temas de la conferencia regional que dedicará una sesión especial a la experiencia cubana.
Con una población de 11 millones de habitantes, Cuba tiene más de 500.000 personas graduadas de alguno de los 46 centros universitarios abiertos por el gobierno en todas las provincias del país.
"Soñamos con un país de universitarios y no nos dimos cuenta que cualquier nación necesita universitarios, pero también una mano de obra calificada que asuma la producción", dijo a IPS Nelson Oñate, profesor de biología de un centro preuniversitario en La Habana.
El derecho al estudio establecido por la ley definió durante décadas el acceso a las aulas universitarias. Un título de ingeniero, médico o licenciado en cualquier área se convirtió en un símbolo de status reclamado por la mayoría de la población.
Para muchas familias tener un hijo "con diploma" era uno de esos sueños que podían realizarse gracias a la revolución de 1959 y sólo estudiando se podía "ser algo en la vida", para no tener que "doblar el lomo hasta la vejez".
Sin embargo, el acceso masivo a las universidades provocó una demanda más allá de las capacidades que el gobierno del presidente Fidel Castro podía garantizar, y condujo a una crisis laboral a fines de los años 80.
Un proceso de "rectificación de errores y tendencias negativas", iniciado por el Partido Comunista en 1986, tenía entre sus puntos claves la contradicción entre el gran número de graduados universitarios y las plazas vacantes para los especialistas.
La falta de coincidencia entre las especialidades elegidas y las necesidades reales de la economía de un país en desarrollo aparecieron como uno de los retos principales para la política oficial de pleno empleo.
La situación se tornó preocupante en la segunda mitad de los años 80 por el arribo a la edad laboral de la generación de los nacidos en la primera mitad de la década del 60, cuando se produjo el mayor crecimiento demográfico de este siglo en Cuba.
A las críticas oficiales al sistema que dio prioridad a la formación de profesionales desvinculados de la producción, se sumó a principios de esta década la decisión gubernamental de reducir a casi la mitad las nuevas plazas universitarias con relación a 1988.
Fuentes de la Oficina Nacional de Estadísticas aseguran que pese a la crisis que afecta al país, en 1995 el estado cubano destinó a la educación 10,4 por ciento de su producto interno bruto, porcentaje sensiblemente superior al siete por ciento que se dedica en promedio al sector en América Latina y el Caribe.
Ese año la educación superior cubana reportó 31.700 graduados, una matrícula de 122.300 estudiantes y más de 23.000 profesores. En la isla existían 1.114 alumnos universitarios por cada 100.000 habitantes y 5,3 por cada profesor.
En su estudio "Algunas tendencias en el desarrollo de la educación superior en Cuba", el responsable del área, Fernando Vecino Alegret, reveló que hasta 1968 el único requisito exigido para ingresar en la universidad era haber terminado el nivel precedente.
Las especialidades comenzaron a otorgarse a partir de escalafones elaborados en función de las calificaciones de los estudiantes de nivel medio superior, pero se siguió garantizando un amplio acceso a las aulas.
No fue hasta los primeros años de la década del 80 que el Ministerio de Educación Superior estableció las pruebas de ingreso a las universidades y que algunas especialidades comenzaron a exigir exámenes de aptitud para garantizar la calidad de los estudiantes.
Según Vecino Alegret, la educación superior creció en Cuba de una matrícula de 15.000 estudiantes en 1956 a 35.000 en 1970, alcanzando su cúspide en 1979, con 200.000 estudiantes, dos por ciento de la población del país en esa época.
Cuando la capacidad nacional no fue suficiente para satisfacer la demanda, el gobierno envió sin demasiado rigor a miles de jóvenes a estudiar a los países del antiguo bloque socialista europeo.
"Yo estudié ingeniería civil, pero había cubanos estudiando licenciatura en lengua y literatura hispana en Moscú. Era una locura, pero lo importante era que todo el que quisiera estudiar tuviera la oportunidad de hacerlo", dijo Ana Bertha Gutiérrez, quien se graduó en 1987.
Gutiérrez fue una de los más de 5.000 cubanos que entre 1982 y 1987 cursaron estudios en la extinta Unión Soviética y regresaron a la isla para comprobar que, en muchas ocasiones, el nivel obtenido en el exterior entraba en contradicción con la realidad de su país de origen.
Expertos locales aseguran que Cuba cuenta con la alta calificación de su fuerza de trabajo como uno de sus principales argumentos para atraer capital extranjero y, al mismo tiempo, no puede satisfacer las exigencias de sectores de profesionales que ven la emigración como única vía de realización. (FIN/IPS/da/ag/ed/96
