Los trabajadores de cuatro instituciones estatales de Panamá constituyeron un frente común para luchar contra un plan de privatización de empresas públicas impulsado por el presidente Ernesto Pérez Balladares.
Los obreros pertenecen al Instituto Nacional de Telecomunicaciones (Intel S.A.), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación y la Autoridad Portuaria Nacional.
A ese grupo, que representa una masa superior a 12.000 trabajadores, se sumarán próximamente los empleados del Correo, los Casinos Nacionales y la Dirección Metropolitana de Aseo, aseguró un portavoz sindical.
Boris Vrgara, dirigente del sindicato del Intel, informó que los trabajadores de esas instituciones buscan "la estabilidad en el empleo, porque por ahora no hay nada que proteja al empleado público y la solución está lejana".
Los trabajadores también reclaman participación en el proceso de privatización que lleva a cabo el gobierno, señaló el presidente de la Asociación de Empleados del Idaan, Luciano Herrera.
Los empleados del Intel dieron su aval en 1994 para la transformación de esa entidad en una comporación de capitales mixtos, en la cual el Estado conservó 49 por ciento de sus acciones, los trabajadores dos por ciento y otro 49 por ciento se reservó para ser transferido a un operador privado.
Pese a que ya fue convocada la licitación para la incorporación del operador privado, todavía no hay acuerdo en cuanto a la futura relación de trabajo ni se ha fijado la indemnización que percibirán los trabajadores cuando se produzca la nueva relación contractual.
Vergara reclamó "propuestas en blanco y negro" (escritas) antes de adjudicarse la licitación.
Una situación similar se produjo en agosto, cuando el Estado transfirió a una compañía de Hong Kong las operaciones de los puertos internacionales de Balboa, localizado en el litoral Pacífico, y Cristobal, en el Atlántico.
La petición sindical "está basada en la legalidad" y en la necesidad de que los obreros no queden desamparados cuando esas empresas públicas dejen de pertenecer al Estado, dijo Herrera.
Alcibíades González, del sindicato del Correo, afirmó por su parte que la coalición de trabajadores constituida "no aceptará ningun programa de privatización que conlleve el despido de empleados, porque eso significa que habrá más hambre, miseria y desempleo" en el país.
De acuerdo con estadísticas oficiales, 50 por ciento de los 2,5 millones de habitantes de Panamá viven por debajo de la línea de pobreza, y 27 por ciento de los miembros de ese sector social se encuentran en "absoluta pobreza".
El desempleo total y el subempleo afectan a más de 34 por ciento de la población económicamente activa, de alrededor de 1,1 millones de personas.
La privatización de empresas públicas forma parte de un plan de "modernización" de la economía implementado por el gobierno a finales de 1994 con el fin de insertar al país en el proceso de globalización.
Además de la venta de activos estatales, el plan incluyó la rebaja y eliminación de aranceles de importación, una reforma tributaria, cambios en la legislación laboral y la reducción de la planilla de empleados públicos. (FIN/sh/ff/lb/96)
