La negativa oficial del gobierno de Panamá a negociar la permanencia de bases militares de Estados Unidos en este país luego de 1999 generó reacciones encontradas entre funcionarios y analistas políticos de Washington.
La embajada de Estados Unidos en Panamá emitió la noche del martes un comunicado según el cual los funcionarios encargados de negociar con Panamá se encuentran "preparados para iniciar las conversaciones exploratorias" solicitadas en septiembre de 1995 por el presidente Bill Clinton.
El comunicado sostuvo que desde entonces "han habido varios contactos informales" entre los dos países sobre la permanencia de tropas estadounidenses en Panamá luego que proscriban los tratados canaleros, el 31 de diciembre de 1999.
El presidente de Panamá, Ernesto Pérez Balladares, y el canciller, Ricardo Alberto Arias, negaron en reiteradas ocasiones que se hubiesen dado los contactos informales señalados por la embajada de Estados Unidos.
Jonh Negroponte, jefe del grupo negociador designado por Washington para realizar las "conversaciones exploratorias", señaló en una entrevista telefónica con el diario La Prensa de Panamá que suspendió por el momento su programado viaje a este país.
Otra fuente del Departamento de Estado, cuya indentidad no fue revelada, aseguró a La Prensa que el tema de la permanencia de las bases militares de su país "ya no está sobre la mesa", por lo que "no hay razón alguna para que Negroponte visite Panamá".
Según dicha fuente, los únicos que insisten en retomar el tema son el embajador en Panamá, William Hughes, y el jefe del Comando Sur del ejército estadounidense acantonado en las riberas del canal, general Wesley Clark.
"El problema es que a nadie en Washington le importa lo que suceda con las bases en Panamá. Los únicos que abogan por la idea son Hughes y Clark", afirmó la fuente consultada por el diario.
Varios analistas políticos de Washington dijeron esta semana que era prácticamente imposible que Panamá aceptará negociar la permanencia de las bases militares bajo las condiciones "poco beneficiosas" que ofrecían quienes impulsan ese proyecto.
El analista en cuestiones latinoamericanas Richard Millet, indicó que "era obvio" el rechazo de este país a la permanencia de las bases si Estados Unidos no ofrecia compensación económica alguna al estado sede, según una versión divulgada en Panamá.
Mientras que el general Frederick Woerner, ex comandante del Comando Sur, opinó que además de la no compensación económica, existen consideraciones de "política doméstica" en Estados Unidos que conspiran contra el mantenimiento de las bases en Panamá.
"Desde la perspectiva de la política doméstica es difícil cerrar tantas bases dentro de Estados Unidos, con la pérdida de miles de empleos y el costo político que representa, mientras que a la vez se decida mantener unas bases en Panamá que hace 20 años Estados Unidos se había comprometido a cerrar", dijo Woerner.
Otro factor, indicó el militar, "es que cuando hay pugna entre lo político y lo económico siempre gana lo político".
Del lado panameño había razones económicas que se inclinaban por la permanencia de las bases, ya que actualmente generan ingresos al país por unos 300 millones de dólares anuales, "pero había razones políticas para no hacerlo", afirmó.
El militar estadounidense se refiere al rechazo que generó entre sectores políticos y de la sociedad civil panameña la idea de mantener las bases sin pagar dinero alguno al Estado local, así como la desproporcionada cantidad de tropas que pretendían mantener en el canal luego de 1999.
Según el ex vicepresidente panameño Ricardo Arias Calderón, el proyecto elaborado por funcionarios de Washington soprepasaba la "presencia limitada" y las atribuciones señaladas por Clinton cuando pidió explorar la posibilidad de mantener una presencia limitada de tropas en el canal.
Una versión del proyecto, presentado el 9 de marzo por la subsecretaria adjunta de Estado Anne Patterson a la subcomisión de la Cámara de Representantes sobre el Hemisferio Occidental, sugirió mantener en Panamá entre 4.000 y 5.000 soldados.
La misión de dichas tropas era la de asegurar la protección del canal, apoyar la lucha contra el narcotráfico, entrenar tropas estadounidenses, realizar tareas de búsqueda y rescate u otras misiones humanitarias y establecer "una presencia militar delantera en la región", según Arias Calderón.
El proyecto presentado por Patterson pretendía mantener casi la misma cantidad de soldados y las mismas atribuciones que se le asignaron transitoriamente al ejército estadounidense para la etapa de transición del canal a la jurisdicción panameña, añadió.
Los tratados de 1977 establecen que Estados Unidos debe cesar su presencia en Panamá y traspasar las bases militares y la vía interoceánica a la jurisdicción de este país el 31 de diciembre de 1999. (FIN/IPS/sh/ag/ip/96
