La reinserción social de los ex combatientes en la guerra civil, que la administración de Violeta Chamorro condujo con éxito en los últimos dos años con una inversión de 38 millones de dólares, es uno de los retos que tiene el nuevo gobierno electo en Nicaragua.
Así lo afirmó el ministro de Acción Social, William Báez. Las experiencias de reinserción "son muy positivas, y le corresponde al nuevo gobierno continuar implementándolas, fortaleciendo los proyectos que seguimos ejecutando en favor de los ex rearmados", añadió.
Creo que el nuevo gobierno del liberal Arnoldo Alemán "debe montarse sobre esas iniciativas, y no andar inventando la rueda", señaló el alto funcionario.
Desde 1994, fecha en que se desmovilizó el Frente Norte 3.80, compuesto por ex "contras", el gobierno ha invertido con el auxilio de la comunidad cooperante más de 38 millones de dólares en favor de 157.000 personas asentadas en los 26 municipios de posguerra.
Entre los proyectos destaca la autoconstrucción de viviendas, entrega de créditos para la producción, titulación de las tierras entregadas por la reforma agraria, asistencia técnica, y el restablecimiento de las escuelas y centros de salud.
A su juicio, la próxima administración liberal deberá darle continuidad a estos proyectos sociales, y a la vez buscar ayuda externa adicional para garantizar la desmovilización de los grupos que aún permanecen en armas.
Según sus estimaciones, más de 100 personas permanecen con los grupos rearmados, y cada uno de ellos involucra a unas diez personas como base social, entre familiares y amigos.
"Para su reinserción social, según las demandas típicas de ese sector, yo calculo que se requirirían unos ocho millones de dólares", dijo Báez, "no en proyectos nuevos, sino en proyectos que ya se están ejecutando".
A su juicio, la comunidad cooperante no está "cansada" de apoyar estas iniciativas de reinserción social, ya que han visto resultados en este ámbito y confirmaron con las pasadas elecciones que prevalece la voluntad de paz en el campo nicaragüense.
Además señaló que hasta 1994 ni el gobierno ni el ejército podían entrar a lugares como Ayapal, El Tortugero, El Almendro o Somotine, porque eran sitios controlados por los rearmados. En cambio ahora se están impulsando allí proyectos sociales y de desarrollo.
Actualmente, según estimaciones oficiales, permanecen en armas unos 35 grupos rearmados, la mayoría de ellos remanentes del Frente Norte 3.80. También hay algunos de tendencia sandinista, agrupados en el llamado Frente Unido "Andrés Castro".
Además de éstos, permanecen activas numerosas bandas delictivas, que ocupan parte de su tiempo en asaltos, secuestros y asesinatos.
"Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que la Iglesia sirva de mediador si así lo quieren los rearmados", aseguró el coronel César Delgadillo, Jefe de Operaciones del ejército nicaragüense.
Desde el 20 de octubre hasta la fecha, afirmó el alto oficial, prevalece en la llamada zona de posguerra un ambiente de relativa tranquilidad, ya que han disminuido considerablemente las acciones militares y las actividades delictivas.
Los rearmados "han suspendido su accionar y están a la espera de la toma de posesión del gobierno liberal", dijo.
El ejército tiene información de que los principales cabecillas de estos grupos están interesados en sostener contactos y encuentros con futuros personeros del gobierno liberal, entre ellos Jaime Cuadra, próximo ministro de Defensa.
Sin embargo, el único "pelo en la sopa" lo podría constituir el Frente Unido "Andrés Castro", integrado por ex miembros y ex oficiales de las fuerzas armadas, quienes han manifestado su recelo frente al gobierno liberal.
"Podría incrementarse su presencia, dada la polarización de esta etapa electoral, y los resultados desfavorables al sandinismo", comentó Lino Hernández, director ejecutivo del Centro de Promoción de los Derechos Humanos (CPDH).
Sin embargo, el viceministro de Gobernación, Frank César, insistió en que no representan ningún peligro.
"Están bastante controlados, y es algo que vamos a asegurar muy de cerca, porque Nicaragua no puede darse el lujo de entrar a una nueva espiral de violencia", afirmó.
Delgadillo dijo que ve buenas perspectivas a la desactivación de ese grupo, ya que un mes atrás, un grupo de unas 15 personas entregó sus armas. Con el resto, están aplicando "medidas persuasivas" para que sigan ese camino.
Con el conjunto de acciones, "creemos que hemos desactivado y desmotivado este tipo de grupos", dijo el alto jefe militar.
Para un futuro desarme exitoso, Hernández, defensor de los derechos humanos, se pronunció por una mayor presencia del Estado en la zona de posguerra, sobre todo de los organismos de justicia.
"Hay que llevar la justicia a esos lados, que haya una autoridad que dirima litigios, pleitos, para evitar que los rearmados sigan fungiendo como autoridades en las zonas que controlan", indicó Hernández.
"El problema es que son zonas tradicionalmente marginadas, y se requiere de voluntad política y de recursos", dijo.
En efecto, según una radiografía sociopolítica de esos municipios de posguerra, las únicas instituciones públicas que mantienen una "presencia discreta" son Educación, Salud y la Policía.
En menor medida tienen presencia la empresa de telecomunicaciones y la de energía. Y en último lugar, las salas de justicia.
"Se necesita acudir a los tribunales porque durante 14 años ha imperado la ley del fusil", recordó César.
"Urge priorizar la aplicación de justicia en lugares que fueron escenarios de guerra, porque si fallan los instrumentos democráticos, la gente acude al fusil, a la ley de la selva", concluyó el viceministro de Gobernación. (FIN/IPS/rf/jc/ip/96
