El parlamento de Nicaragua comenzó a discutir un paquete de leyes que establecen modificaciones en aspectos básicos de la política bancaria y la procuradoría de justicia, antes que asuma el gobierno del liberal derechista Arnoldo Alemán.
Un grupo de diputados de diversas tendencias políticas introdujo al plenario el anteproyecto de reforma a la Ley Orgánica del Banco Central que dispone que el presidente de esa entidad sea designado por el Poder Legislativo y no por el Ejecutivo, como sucede hasta el momento.
Además, establece que el período de gestión del presidente del Banco Central, entidad rectora de la política bancaria, se extienda por seis años, un año más que el período de gobierno.
La iniciativa, parte del paquete de leyes que los diputados pretenden aprobar aceleradamente antes que concluya su mandato legislativo, fue objetada y rechazada por un pequeño grupo de parlamentarios afines al gobierno liberal entrante, que tomará posesión el 10 de enero próximo.
"Es una trampa para amarrar al futuro gobierno e impedirle que cumpla con las metas económicas propuestas", aseguró el diputado Adolfo García Esquivel, simpatizante de la Alianza Liberal que ganó los comicios del 20 de octubre con 50 por ciento de los votos.
Además, dijo, "es una iniciativa inconstitucional, ya que nombrar al presidente del Banco Central es una atribución del Ejecutivo", tal como lo establece la Constitución, reformada en julio del año pasado.
No obstante, según los partidarios del anteproyecto, la iniciativa no es una trampa para el próximo gobierno, ya que fue formulada hace un año, aunque no fue discutida.
Además, aseguran que la nueva disposición tendría el apoyo de los organismos multilaterales de crédito, ya que es sinónimo de estabilidad, pues las políticas macroeconómicas no estarían sujetas a los cambios de gobiernos.
El Banco Central no debe seguir siendo la "caja chica" del Ejecutivo, sino que debe diseñar "estrategias de largo plazo, que sobrepasen los vaivenes políticos coyunturales", dijo el diputado Luis Sánchez, quien no resultó reelecto en las elecciones de octubre.
Para dirigir el Banco central, Alemán había escogido al economista Noel Ramírez, autor del plan económico que los liberales emprenderán a partir de enero.
Sin embargo en el seno del parlamento, los diputados opositores a los liberales pretenden elegir a Alfredo César, ex candidato presidencial de la alianza UNO 96.
Además de esta iniciativa, que debe ser aprobada por 56 diputados para que tenga rango constitucional, los parlamentarios pretenden aprobar la Ley de la Procuraduría de Justicia, instancia que sería clave para dirimir los conflictos relativos a la propiedad.
El proyecto propone crear una Sub Procuradoría de la Propiedad que resolvería por la vía de indemnización o devolución los casos de propiedades reclamadas por los confiscados.
Para cumplir con este papel, el parlamento elegiría a cinco integrantes de una nueva Comisión Nacional de Revisión de propiedades pendientes de resolver.
Esta Comisión tendría a su cargo las oficinas ya creadas para casos de Ordenamiento Territorial, Titulación Urbana e Indemnizaciones.
Sin embargo, la iniciativa podría quedar "fuera de agenda" si Adolfo García Ezquivel, presidente de la Comisión Justicia y diputado liberal, retrasa su dictamen.
Además de estas iniciativas, un grupo mayoritario de diputados propugna por aprobar cerca de 40 proyectos de ley, entre ellas la privatización de varias empresas estatales a favor de los trabajadores.
Asimismo, la reforma a la Ley General de Bancos y otras Instituciones, la Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, la Ley Creadora de la Financiera Nacional de Inversiones (FNI), la de Servicio Exterior, y la de Ordenamiento, Regulación y Titulación de Asentamientos Humanos Espontáneos.
Entre los jefes de bancada también hay consenso para dar el primer paso de aprobación a la reforma de la Ley de Municipios, la de Derechos de Autor, la Ley Creadora del Colegio de Periodistas y la Ley de Pesca y Acuicultura, entre otras, para que sean sancionadas definitivamente en la próxima legislatura.
En 1990, tras el triunfo electoral de Violeta Barrios de Chamorro, el parlamento -dominado entonces por los sandinistas- aprobó un conjunto de leyes estratégicas en el orden judicial, político, y la libertad de expresión.
Entre ellas la Ley de Imnunidad, que impidió que fueran sometidos a la justicia los magistrados del Poder Judicial que sirvieron durante el gobierno sandinista, así como los mandos principales del ejército y del extinto Ministerio del Interior.
Para muchos nicaragüenses, esas 25 leyes aprobadas en ese entonces a todo vapor, constituyeron las bases del llamado "co- gobierno" entre sandinistas y funcionarios de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro. (FIN/IPS/rf/jc/ip/96
