Los obispos del estado de Chiapas reclamaron al gobierno de México por el clima de inseguridad en la zona, en tanto grupos humanitarios y la orden de los jesuitas advirtieron sobre el posible surgimiento de escuadrones de la muerte.
Es ilógico que el gobierno hable de paz y justicia con la guerrilla zapatista si continúan actuando guardias paramilitares que, apoyadas por autoridades civiles, cometen crímenes y abusos contra los indígenas, dijo Raúl Vera, obispo coadjutor de San Cristobal, la tercera ciudad de ese estado sureño.
En las últimas semanas se reportaron en Chiapas, donde se negocia la paz entre el gobierno del presidente Ernesto Zedillo y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), desalojos violentos de campesinos de tierras presuntamente invadidas.
En las acciones hubo varios muertos y heridos y, además, se denunciaron amenazas de muerte contra miembros de grupos humanitarios que trabajan en el estado.
Ante el clima de inseguridad, que generó incluso que miembros de una comisión mediadora del Congreso pida al gobierno garantías para continuar las negociaciones, el EZLN indicó que analizaba la posibilidad de solicitar que la sede del diálogo salga de Chiapas.
Tras reclamar por la inseguridad reinante, la orden de los jesuitas también pidió mayor atención oficial.
Mario López, provincial superior de la orden, señaló que el trabajo pastoral de los jesuitas no variará a pesar de las amenazas "porque el que está perseguido es el pueblo de México".
Los jesuitas advirtieron que por el clima de violencia existe la posibilidad de que en México surjan escudrones de la muerte como los que existieron en América Central a fines de los años 80 y principios de los 90.
La organización Servicio, Paz y Justicia en América Latina demandó este jueves al presidente Ernesto Zedillo en una carta pública que realice acciones para terminar con la "campaña de hostilidad contra las organizaciones civiles, especialemente contra quienes trabajan por los derechos humanos".
"Tanto en Chiapas como en el resto de México existe un clima de constante intimidación contra los defensores de los derechos humanos y organismos civiles que realizan trabajos a favor de la comunidades indígenas", dijo la organización regional.
A principios de este mes fue liberado un miembro de la Coordinación de Organismos no Gubernamentales por la Paz de Chiapas (Conpaz), luego de haber sido raptado y torturado durante dos días por desconocidos que lo amenzaron de muerte.
Días antes, fueron incendiadas las oficinas del grupo humanitario.
Gerardo González, coordinador de Conpaz, dijo que solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se exija al gobierno mexicano la aplicación de medidas cautelares de protección en Chiapas.
Estudios privados indican que de los 7,5 millones de hectáreas de Chiapas, tres millones están en manos de 6.000 familias de hacendados, quienes poseen las mejores tierras. El resto, en su mayoría propiedades erosionadas, pertenecen a más de un millón de indígenas, 95 por ciento de los cuales son pobres.
Chiapas, donde a inicios de 1994 hizo su aparición el EZLN, es uno de los estados de mayor presencia indígena. En la zona el analfabetismo es de 30 por ciento, dos veces y medio el promedio nacional, y los índices de marginación y desnutrición llegan a niveles superiores a 50 por ciento. (FIN/IPS/dc/ag/ip/96
