El Consejo Nacional de Seguridad Pública de México demandó al gobierno un presupuesto de unos 315 millones de dólares para enfrentar la delincuencia en 1997, una cifra sin precedentes en el país.
El presupuesto, que representa un incremento de más de 1.000 por ciento en relación a los dos últimos años, se pide en un momento en que arrecia la delincuencia común y los ataques del Ejército Popular Revolucionario (EPR), grupo al que el gobierno del presidente Ernesto Zedillo niega el carácter político.
El dinero, que equivale a casi 900.000 dolares diarios, servirá para mejorar la capacidad de la policía y darle equipamiento, crear un red de información e inteligencia, y ampliar instalaciones penitenciarias, indicó este martes el subsecretario de Gobernación, Juan Robledo.
Aunque la entrega de los recursos se considera un hecho, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, integrado por la Secretaría de Gobernación y los gobernadores de los 31 estados de México, cumplió con el trámite de pedirlo al gobierno para que lo incluya en su presupuesto del próximo año.
Tras señalar que los actuales requerimientos en materia de seguridad "son infinitos", los miembros del Consejo reconocen que el nuevo presupuesto es apenas uno de los pasos para comenzar a cambiar la actual situación delictiva.
Con 1.450 secuestros en 1995 y un aumento de 15 por ciento en el número de delitos durante los primeros ocho meses de este año, en relación a igual período del pasado, México se ubica entre los países más inseguros de América Latina.
Considerado por el gobierno y la sociedad como uno de los principales problemas que enfrenta el país, la delincuencia registra índices de crecimiento sin precedentes desde que estalló la crisis económica a fines de 1994.
Además de combatir a la delincuencia, el gobierno se ha propuesto multiplicar sus recursos para enfrentar al EPR, movimiento al que califica de grupo de terroristas y gavilleros.
Luego de que el 27 de octubre concluyera la tregua de un mes ofrecida por el EPR para alentar los comicios en el estado sureño de Guerrero, sus miembros reiniciaron los ataques contra policías y militares causando al menos seis muertos y tres heridos en acciones que su comandancia califica de "autodefensa armada".
En respuesta a un pedido de políticos de oposición, el grupo, que niega cualquier posibilidad de diálogo con el gobierno, emitió un comunicado en el que declaró suspendidas sus acciones militares en el estado de México, vecino a la capital, desde este martes hasta el día 17.
El próximo domingo se realizaran en el estado, ubicado en el centro del país, elecciones para renovar su Congreso y designar nuevos presidentes de los ayuntamientos.
El EPR, que continuaría con sus ataques en otras zonas, reconoció en las escasas conferencias de prensa que otorgó desde su irrupción pública en junio pasado, que financia su lucha por "un nuevo México" con secuestros y asaltos bancarios.
La Asociación Mexicana de Aseguradoras indicó que en los últimos dos años se multiplicó la contratación de pólizas para el caso de secuestros. Los costos de las coberturas van de 9.000 a 45.000 dólares.
La revista estadounidense Forbes publicó en julio que México es el país latinoamericano que cuenta con más fortunas superiores a 1.000 millones de dólares. En contraste, cifras oficiales indican que la pobreza afecta a 64 millones de los 91 millones de habitantes del país.
Según organizaciones humanitarias locales, la desigualdad social es una de las principales causas de la violencia y la corrupción, por lo que reclaman que sea atacada al mismo nivel que la delincuencia.
Ante la creciente inseguridad y la corrupción policial, en junio el gobierno decidió entregar a militares los principales puestos de seguridad pública en la capital, donde los delitos aumentaron 35 por ciento en 1995 respecto al año anterior, y destinando mayores recursos para el combate de la delincuencia.
El presupuesto global de seguridad para el próximo año afianzará los programas de modernización de la policía en el marco de un plan global dirigido a reducir en forma significativa los índices delictivos, expresó el subsecretario de Gobernación. (FIN/IPS/dc/ag/ip/96
