La coalición gobernante y las principales fuerzas de oposición descartaron hoy la posibilidad de una crisis política como consecuencia del pedido de procesamiento del primer ministro Romano Prodi, presentado el lunes por la Fiscalía de la capital.
La Fiscalía acusó a Prodi de incurrir en tráfico de influencias y abuso de cargo público en 1993, cuando se desempeñaba como presidente del Instituto para la Reconstrucción Industrial (IRI), el mayor grupo industrial del Estado.
El dictamen fiscal está a estudio del juez Edoardo Landi, que aún no ha fijado fecha para las audiencias que deberá celebrar para tomar decisión y a las cuales convocará a Prodi.
La coalición de centroizquierda que controla el gobierno desde mayo y la alianza opositora de centroderecha cerraron filas ante lo que consideran una nueva ofensiva contra la clase política.
Nadie acompañó el pedido de renuncia de Prodi lanzado por Umberto Bossi, líder de la Liga Norte, que promueve la creación de una república independiente en la industrializada zona septentrional del país.
Los analistas creen que prevalece entre los dirigentes el temor a que el Poder Judicial destruya la clase política surgida de los escombros de los partidos tradicionales.
Los fiscales de la operación "Manos Limpias" contra la corrupción política demolieron en 1992 y 1993 la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, que gobernaron Italia durante 50 años.
Según la Fiscalía de Roma, Prodi habría favorecido la venta de una empresa de alimentos perteneciente al IRI a una multinacional de la cual era asesor, y el Estado habría perdido en la operación casi 10 millones de dólares.
El IRI vendió el 7 de octubre de 1993 la empresa Cirio-Bertolli- De Rica, la más grande en el sector de las conservas de alimentos, a un consorcio de cooperativas del sur, Fisvi, que a su vez cedió una parte a una multinacional holandesa, Unilever, para la que había trabajado Prodi.
Pero el primer ministro presentó un documento para probar que se desvinculó de Unilever cinco meses antes del traspaso de Cirio- Bertolli-De Rica a sus nuevos propietarios.
Se trata de su carta de dimisión como asesor de esa multinacional, que lleva fecha del 20 de mayo de 1993. Allí explica que, al haber sido designado ese mismo día presidente del IRI, "tengo la obligación de dimitir como director de la oficina de Asesoría de Unilever".
La carta destruye al parecer la acusación de tráfico de influencias, y el delito de abuso de cargo público, que también endilga la Fiscalía a Prodi, es una figura en vía de extinción.
Según la actual definición, basta que una acción no necesariamente ilegal procure al titular del cargo o a otros "un injusto beneficio", incluso no patrimonial, para la configuración de ese delito.
El Senado aprobó ya su eliminación del código penal y ahora lo debe hacer la Cámara de Diputados.
Una eventual crisis de gobierno determinaría la celebración de elecciones, por cuarta vez en tres años, de resultado incierto, y seguramente, el descrédito de la totalidad de la clase política. (FIN/IPS/jp/ff/ip/96
