El escenario violento que en materia política vivió Honduras en los años 80 parece haber retornado al país con nuevos actores vinculados a grupos políticos, el crimen organizado y presuntos grupos paramilitares implicados en secuestros y ejecuciones extrajudiciales.
A diferencia de la década pasada, en la que las víctimas de la represión fueron disidentes políticos de izquierda, la atención se centra ahora en los jueces y fiscales públicos que tienen a su cargo importantes casos de corrupción.
La violencia que desde hace dos años ha puesto en jaque la seguridad ciudadana responde a dos fenómenos diferentes.
Hay una violencia real, inevitable, resultado de un incremento de la delincuencia común, ligado a su vez a una crisis económica que mantiene a siete de cada 10 hondureños en situación de pobreza y extrema pobreza, que se suma a una tasa abierta de desempleo de 33 por ciento.
Pero además hay "un clima artificial de violencia" creado por los últimos atentados terroristas cometido contra los tribunales, el Congreso y el propio presidente de la República, Carlos Reina, dijo a IPS el analista político Víctor Meza.
Considerado uno de los hombres más informados en el país, Meza atribuye a ese clima artificial de violencia la sensación de la población de "vivir una inestabilidad política creciente", que responde a los intereses "de otras personas, que no son delincuentes comunes".
Parece "que hay personas molestas, disgustadas y agraviadas por el nuevo giro que están adoptando los asuntos judiciales en Honduras y el deseo de establecer un Estado de Derecho".
Para Meza, el atentado explosivo perpetrado hace una semana contra los tribunales de justicia de Tegucigalpa forma parte de un "terrorismo antijudicial" que ve en los jueces y fiscales sus principales enemigos.
Una bomba que explotó en los tribunales dejó una persona muerta y 24 heridos. Se atribuyó la responsabilidad un grupo autodenominado CJ, que amenazó de muerte a los fiscales y unos seis jueces que llevan casos de corrupción, robo de vehículos y violación de derechos humanos por parte de los militares.
A la par de estas acciones, el país vive una ola de secuestros que suman 20 en lo que va del año, además de 1.809 robos y unos 576 asaltos a bancos y empresas privadas.
Investigaciones de grupos humanitarios a las que tuvo acceso IPS indican que el responsable de los secuestros sería un grupo paramilitar denominado Comandos Operativos Especiales (COES), integrado por policías, ex policías y delincuentes comunes.
Los COES al parecer operan en Tegucigalpa y en la norteña ciudad de San Pedro Sula, el principal enclave económico del país y hacia donde están dirigidos los secuestros.
El último, efectuado contra el empresario Guillermo Villatoro, fue organizado por un grupo de presuntos delincuentes comunes al mando de un cierto "comandante Paco", que logró escapar, según la policía, cuando el grupo fue rodeado durante un operativo antisecuestros.
Según el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), el "comandante Paco" sería Joaquín Quintanilla, un ex sargento militar vinculado a los COES y que presuntamente se encuentra en México o Estados Unidos.
El CODEH viene denunciando desde hace un año la existencia de estos escuadrones paramilitares, que habrían ejecutado al menos a 20 ex agentes militares vinculados a los casos de desaparición forzada de 184 personas por causas políticas en los años 80.
Estas ejecuciones serían, según los organismos humanitarios, parte de un plan para eliminar los que se consideran "archivos vivientes" de las violaciones de los derechos humanos cometidas.
En los años 80 el país sufrió graves violaciones de los derechos humanos, y se vivió un clima que en algunos aspectos es similar al actual, con la diferencia que sus víctimas fueron disidentes políticos, dirigentes sindicales y estudiantiles.
Ante el retorno de este escenario con otros matices ligados a la corrupción, crimen organizado y juicio a uniformados por la desaparición forzada de personas, el presidente del CODEH, Ramón Custodio, sostuvo hace una semana una audiencia con el presidente hondureño, Carlos Reina, para advertirle sobre una descomposición social en el país.
Pero el mandatario, quien ha sido objeto de dos atentados en dos años, restó importancia a la preocupación del CODEH, según estableció el organismo en un comunicado difundido este miércoles.
Según Custodio, "el presidente Reina parece que está ciego y cree que si uno denuncia la existencia de escuadrones de la muerte es que quiere dañar su gobierno, y no ve que con su indiferencia se presta al juego militar de buscar enemigos externos".
Por su parte, los militares niegan la existencia de escuadrones de la muerte y atribuyen el clima de violencia y delincuencia a una acción "importada" producto de los acuerdos integracionistas en América Central.
Los hechos se producen cuando se discute el traspaso en 1997 de la policía a manos civiles, algo a lo que los uniformados se resisten por considerar que no hay suficiente madurez en la sociedad civil para manejar ese cuerpo armado. (FIN/IPS/tm/jc/hd-ip/96
