Los restos de dos víctimas de la represión ilegal de los años 80 en Honduras fueron identificados preliminarmente por un equipo de antropólogos y forenses que realizan exhumaciones en cementerios clandestinos.
El hallazgo se produjo en dos cementerios ubicados en las comunidades de El Chiflón y Marcovia, en los sureños departamentos de Valle y Choluteca y a unos 200 kilómetros de Tegucigalpa.
Los expertos suponen que se trata de los cadáveres del catedrático Manfredo Velásquez y del dirigente estudiantil Roger González, desaparecidos en 1981 y 1988, respectivamente.
En el caso de Velásquez, secuestrado por grupos paramilitares, el estado de Honduras fue condenado en 1988 por la Corte Interamericana de Justicia.
También fue condenado por el asesinato de Saúl Godínez, un dirigente sindical. El Estado debió pagar indemnización a los familiares de Velásquez y Godínez.
Según aldeanos de la comunidad de Marcovia, Velásquez fue llevado al lugar por desconocidos de "aspecto militar", que enterraron su cuerpo en una fosa común.
En cuanto a González, fue detenido en abril de 1988 en Tegucigalpa por agentes de la policía secreta, luego de que participara de una manifestación popular que culminó con el parcial incendio de la embajada de Estados Unidos.
El portavoz de las Fuerzas Armadas en ese entonces, Manuel Suárez Benavidez, prófugo ahora de la justicia, admitió la detención de González, aunque horas después se retractó.
El cadáver del estudiante presenta evidencia de tortura y de costura de ojos y boca.
George Haseman, antropólogo estadounidense que encabeza la exhumación de los cadáveres, dijo este jueves que los cuerpos serán traslados a Tegucigalpa para terminar la investigación y confirmar su identidad.
Los trabajos de exhumación son coordinados por el Ministerio Público, el estatal Comisionado de Derechos Humanos y el Comité de Familiares-Detenidos Desaparecidos en Honduras.
La masiva violación de derechos humanos perpetrada en la década pasada en Honduras resultó en la desaparición forzada de 184 personas.
La responsabilidad por esos hechos fue atribuida en un informe oficial a grupos paramilitares, agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos) y a asesores argentinos del ejército.
Hace dos años se reabrió el caso de los desaparecidos y al menos 13 militares se encuentran prófugos por juicios pendientes vinculados a esas acciones.
De momento se han realizado 16 exhumaciones de cadáveres. En tres casos se confirmó que se trataba de desaparecidos, y la identificación de otros dos depende de pruebas de ADN a realizarse en Estados Unidos. (FIN/IPS/tm/ff/hd/96
