Varios jueces y fiscales de Honduras fueron amenazados de muerte hoy por un grupo delictivo que el miércoles arrojó una bomba en los tribunales de justicia, causando la muerte de un vigilante y heridas a 24 personas.
En un comunicado enviado a los medios de prensa, un grupo autodenominado "CJ" se adjudicó la autoría del atentado, advirtiendo que se propone "eliminar" a unos seis jueces y varios fiscales públicos que investigan casos de corrupción y de robo de vehículos.
Entre los jueces amenazados figuran Rafael Castro Avila, Roy Edmundo Medina, María Antonieta Castro, Mildred Castillo y María Dolores Rastel, que llevan causas de tráfico de inmigrantes ilegales, desvío de fondos públicos, narcotráfico y robo de vehículos.
"Dígan a estas personas que no se metan con nosotros, que somos una organización grande. La explosión de ayer en los tribunales no será la primera ni la única", advirtió el CJ.
De origen desconocido, el CJ es el segundo grupo que hace su aparición pública en menos de un mes. El primero, denominado "Hambre", reivindicó otro atentado, que afectó en ctubre instalaciones del Parlamento y del Banco Central.
El presidente Carlos Roberto Reina condenó este viernes el ataque contra los tribunales de justicia que, en su opinión, busca "detener" el combate contra la corrupción y la impunidad que su gobierno impulsa.
Tras prometer que investigará el hecho, Reina anunció más seguridad para los jueces y fiscales amenazados. "Nadie tiene el derecho de matar, ni de atentar contra la democracia e impedir que se cumpla la justicia", dijo el presidente.
Numerosos jueces y fiscales denunciaron amenazas de muerte y otros actos intimidatorios desde que hace un año comenzaron a ventilarse los primeros casos de corrupción.
La seguridad personal de los jueces Medina y Castro Avila, quienes llevan los más grandes casos de corrupción, fue reforzada a principios de este año y ambos recibieron incluso instrucción en el uso de armas de fuego, tras ser amenazados de muerte.
Pero ningún hecho anormal se produjo y las medidas de seguridad fueron reducidas hace cinco meses.
El lanzamiento de una bomba en el edificio de tribunales coincidió con allanamientos ordenados por la justicia en zonas residenciales de Tegucigalpa para identificar a una banda de ladrones de automóviles.
Un informe presentado al parlamento señaló la presunta conexción de oficiales del ejército con esa misma banda.
Las Fuerzas Armadas, a través de su portavoz, Mario Villanueva, lamentaron los hechos en los tribunales y anunciaron el despliegue de 1.000 efectivos en las principales ciudades del país para garantizar la seguridad pública.
También anunciaron una "exhaustiva" investigación del hecho, pese a que aún no han dado con los responsables de dos atentados cometidos en dos años contra Reina.
La violencia aumentó abruptamente en los últimos seis meses, un periodo en que se han sucedido ejecuciones extrajudiciales, asaltos a mano armada y secuestros.
Para el portavoz de la policía, Danilo Orellana, esos hechos están vinculados a un tipo de "delincuencia importada" que sólo será sofocada en la medida que aumente el presupuesto reservado a las fuerzas de orden público.
El gobierno considera el traspaso de la policía de manos militares a civiles. Esa eventualidad ha generado agrios debates, que evidencian problemas en las relaciones entre el poder civil y el militar. (FIN/IPS/tm/ff/ip/96)
