Familiares de detenidos-desaparecidos en Honduras pidieron hoy la anulación de los ascensos dispuestos por el Congreso a nueve oficiales del ejército implicados en robo de autos, escuadrones de la muerte y ejecuciones extrajudiciales.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Cofadeh) manifestó que estas promociones violaron normas parlamentarias, pues no había suficientes legisladores para considerar el asunto y se esperó "hasta la medianoche, cuando no había periodistas, para cometer la acción".
La dirigente del Cofadeh Bertha Oliva dijo que la forma en que se otorgó los ascensos este jueves "deja en evidencia el servilismo de los civiles hacia los uniformados, en momentos que los ascendidos son cuestionados por delitos contra los derechos humanos".
"Parece que cuanto más antecedentes de violaciones tienen los uniformados, más les complace a los parlamentarios, quienes, sin escrúpulo alguno, aplauden sus acciones y los premian", dijo Nativí.
El parlamento aprobó los ascensos a los nueve militares al mismo tiempo que la Dirección de Investigación Criminal (DIC, policía civil) acusaba a tres de ellos de integrar una banda dedicada al robo de vehículos, entre otros delitos.
La DIC presentó el informe ante el Congreso, pero la acusación fue desestimada y, a pesar de las protestas de los grupos humanitarios, la resolución de los ascensos no registró mayores complicaciones.
Entre los militares ascendidos figuran los comandantes de la policía en Tegucigalpa y en la ciudad septentrional de San Pedro Sula, coroneles David Mendoza y Wilfredo Jeamborde, implicados en ejecuciones extrajudiciales y robo de vehículos.
Los otros siete militares están vinculados al desaparecido escuadrón de la muerte 3-16, que en la década del 80 cometió 187 ejecuciones extrajudiciales por causas políticas e ideológicas, según un informe oficial.
La Cofadeh solicitó al Congreso la anulación de los ascensos por considerarlos ilegales, pues las normas parlamentarias establecen para este tipo de decisiones una asistencia mínima de 65 legisladores y en la sesión había apenas 60 presentes.
El comandante de las Fuerzas Armadas, Mario Raúl Hung Pacheco, dijo que la acción del Cofadeh es improcedente y que los nombramientos de los uniformados son "legales, le duela a quien le duela", porque "no hay pruebas sobre sus delitos". (FIN/IPS/tm/mj/ip hd/96
