La imparable ola de secuestros, que ha continuado en ascenso en Guatemala pese a los esfuerzos de las fuerzas de seguridad, mantiene en continua zozobra a la ciudadanía que ve con desaliento la incapacidad de las autoridades para controlarla.
El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional reconoció que se investigan nueve casos de secuestros y que en esta semana se produjeron por lo menos cuatro plagios, pese a que en muchos casos los familiares prefieren no hacer la denuncia.
Hay varias personas que permanecen en poder de los secuestradores desde hace semanas, y una joven estudiante universitaria lo está desde el 30 de mayo.
El caso más sonado y más reciente, sobre el que se ha dado hasta el momento muy poca información, es el de Isabel de Botrán, de 70 años, esposa de un empresario de la industria licorera, poseedora de una de las grandes fortunas de este país, secuestrada el día 16.
Según el Departamento de Investigaciones Criminológicas de la policía (DIC), el secuestro ocurrió en una zona residencial de la capital, pero las pesquisas se vieron obstaculizadas por la falta de testigos y el silencio de la familia de la víctima.
La policía maneja dos versiones de lo ocurrido: que la anciana fue secuestrada por 12 personas vestidas de policías, que simularon un retén, y otra, a la que dan más crédito, es que fue secuestrada por hombres con uniforme policial que interceptaron con dos vehículos el auto que transportaba a la víctima.
El presidente, Alvaro Arzú, desestimó sin embargo el día 18 que este tipo de delitos haya aumentado, y dijo que se investigan "los dos o tres casos existentes", a los que calificó de "hechos aislados".
Arzú aseguró que se ha logrado capturar a 80 por ciento de las bandas organizadas de delincuentes que operan en el país y "el 20 por ciento que falta va a caer muy pronto".
Admitió la veracidad del secuestro de Botrán, y dijo que "las fuerzas de seguridad están haciendo lo propio para encontrarla pronto, sana y salva".
El mandatario fue muy criticado en relación al secuestro de otra anciana millonaria, Olga de Novella, realizado por el grupo Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, donde el dirigente guerrillero Rafael Valdizón fue capturado y luego canjeado, bajo la responsabilidad de Arzú, por la plagiada.
Las modalidades utilizadas por los delincuentes son muchas, desde secuestros a personas acaudaladas por las que piden millonarios rescates, hasta los llamados secuestros "rápidos", en los que capturan a una persona, le hacen firmar un cheque por determinada cantidad y tras cobrarlo la liberan.
La mayoría han sido liberados tras el pago de un rescate, pero algunos han sido asesinados y otros torturados, como el caso de un empresario al que cortaron un dedo para enviárselo a los familiares, como prueba de lo que podría pasarle si no pagaban.
Según estadísticas de la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo, que nuclea a familiares de desaparecidos por el conflicto armado, de enero a octubre de este año se produjeron 234 secuestros en todo el país.
Una encuesta realizada por el ex presidente del Banco de Guatemala (Central), Federico Linares, entre 345 empresarios guatemaltecos y extranjeros, concluyó que la primera preocupación de los inversionistas en el país son los secuestros, según informó el matutino "El Periódico".
Según la encuesta, la mayoría de los empresarios consideran que el principal factor en contra ha sido la inseguridad ciudadana. "Los secuestros y la delincuencia común han pesado más que las oportunidades que ofrece el mercado guatemalteco", sostiene el autor de la encuesta.
"Cuando los robos son constantes y los responsables no reciben castigo esos hechos se convierten en parte del precio de los bienes", afirmó Linares.
La organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) pide la depuración de las instituciones que participan en la aplicación de la justicia, como medida para la disminución de hechos delictivos.
Eleonora Muralles, activista de FADS, dijo que "todo nos lleva a pensar que algunas personas que trabajan en las instituciones encargadas de impartir justicia tienen vínculos con los delincuentes".
Otro industrial que desde hace un mes permanece secuestrado es Juan Carlos Iglesias, gerente de una fábrica de alimentos, cuya familia hizo un llamado a los secuestradores para que se comuniquen con ellos y así poder negociar su liberación.
También una joven estudiante de una universidad privada, Beverly Sandoval, se encuentra en poder de secuestadores desde el 30 de mayo.
La madre de la joven asegura que los secuestradores se comunicaron con la familia luego del secuestro, pero que desde hace varios meses se cortó todo contacto.
Con esta situación, el sentimiento de inseguridad está llegando a un punto crítico, especialmente en la capital, afectando el estado emocional de la ciudadanía e incrementando la desconfianza en la capacidad de las autoridades para controlar la ola de delincuencia. (FIN/IPS/cz/jc/ip/96
