A un mes de la firma de la paz entre el gobierno y la guerrilla de Guatemala, el presidente Alvaro Arzú ordenó al Ejército que enfrente a un nuevo grupo guerrillero que opera en la costa sur de este país centroamericano.
El Ministro de la Defensa, general Julio Balconi, informó que el fin de semana pasado iniciaron operaciones contrainsurgentes, porque "tiene características de un grupo subversivo y por lo tanto el combate corresponde a las fuerzas militares".
Balconi indicó que además de las operaciones contrainsurgentes en la Costa Sur, la inteligencia militar investiga las circunstancias en que murió Ismael Fernández, propietario de una finca situada en Quetzaltenango, en el sudoeste del país.
La finca fue atacada el sábado por un grupo de unos 15 hombres en uniforme verde olivo que portaban armas de grueso calibre.
El jefe militar dijo que entre los miembros del grupo podrían encontrarse guerrilleros disidentes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que dialoga con el gobierno desde 1991 para poner fin a 36 años de un conflicto armado interno que dejó más de 150.000 muertos y un millón de desplazados.
El Ejército Popular Revolucionario, del que se tuvo conocimiento a mediados de este mes, se encontraría operando en la región de Coatepeque, Quetzaltenango.
Las primeras investigaciones efectuadas destacan que un número de al menos 25 hombres conforman el grupo de supuestos guerrilleros.
Sin embargo, la URNG rechazó el lunes desde México su participación en el asesinato de Fernández y repudió que se le vincule con grupos que se dedican a asaltar haciendas.
Pablo Monsanto, uno de los comandantes de la URNG, aseguró que existen grupos no identificados interesados en obstaculizar el proceso de paz.
Por su parte, el diputado Amílcar Méndez, del izquierdista Frente Democrático Nueva Guatemala, denunció que "sectores ultraderechistas están tratando de crear anarquía en el país y cuestionar los acuerdos que suscriba el gobierno con la URNG".
El dirigente izquierdista dijo que los nuevos grupos armados podrían ser impulsados por quienes se oponen a la firma del acuerdo final de paz y se hacen pasar por guerrilleros.
Por su parte, el presidente de la conservadora Cámara del Agro, Humberto Preti, dijo que hay mucho malestar por el asesinato de Fernández y formuló un llamado al gobierno para que ataque el problema.
Los terratenientes aseguran que están dispuestos a armarse para defender sus intereses, medida con la que no están de acuerdo representantes de sectores populares y de derechos humanos.
El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge García Laguardia, indicó que ante la finalización del conflicto armado no se descarta que grupos de extrema izquierda o de extrema derecha estén actuando sin el control de sus superiores.
Sin embargo, que no sería prudente que los agricultores se armen para protegerse, pues para ello están las fuerzas de seguridad.
Rosario Pú, del Comité de Unidad Campesina, dijo que el aumento de la seguridad en las fincas busca reprimir y controlar a los trabajadores, y aseguró que es responsabilidad del gobierno poner en práctica políticas adecuadas de seguridad para reducir los niveles de violencia en todo el país.
Mientras tanto, representantes del gobierno y de la URNG se reúnen en México para tratar el último de los temas operativos: la reinserción de la guerrilla a la vida legal.
La firma de la paz está prevista para el 29 de diciembre en la Plaza de la Constitución de la capital guatemalteca. (FIN/IPS/cz/ag/ip/96
