El Estado ecuatoriano apelará el fallo de nulidad del juicio que 112 comunidades de la región amazónica de este país entablaron en Estados Unidos a la compañía petrolera Texaco por grave daño ambiental, anunció el procurador general Leonidas Plaza.
El juez Jed Radkoff, de la corte de justicia de Nueva York, declaró nulo el juicio, por entender que no debe ser tramitado en un tribunal de Estados Unidos, el país en que Texaco tiene su casa central.
Al conocerse la anulación del juicio, representantes de los 30.000 indígenas de las comunidades demandantes y de organizaciones ambientalistas se concentraron frente a la Procuraduría General de Ecuador y obtuvieron de Plaza el compromiso del apoyo oficial.
La decisión de Radkoff, el tercer juez que se encarga del caso, presentado originalmente en noviembre de 1993, "es un precedente nefasto para el país y para Latinoamérica", dijo Nina Pacari, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador.
"Ecuador como país no era el demandante", señaló Plaza, pero una vez que toda la comunidad amazónica lo ha hecho, el Estado interviene en la defensa de los intereses del país".
La intervención del Estado da un nuevo giro al proceso contra Texaco, ya que era una de los requisitos que Radkoff solicitó antes de su pronunciamiento. En su opinión, el Estado ecuatoriano también puede ser demandado, como parte responsable de los daños ambientales y sociales denunciados.
Según Cristóbal Bonifaz, representante legal de los demandantes, Texaco operó a través de compañías filiales en Ecuador y, "al seguirse un proceso interno, la trasnacional no se vería mayormente afectada".
"Por esa razón surgió la necesidad de plantear un juicio internacional", explicó Bonifaz.
Plaza anunció que el gobierno ecuatoriano presentará recurso de apelación ante la corte de Nueva York antes del próximo viernes, fecha límite impuesta por el juez Radkoff.
Texaco extrajo 1.400 millones de barriles de petróleo de la selva amazónica de Ecuador entre 1968 y 1992, año en que suspendió sus actividades.
Los habitantes de la Amazonia exigen desde la retirada de la Texaco una indemnización por los daños sufridos, cuyo monto fijan en 800 millones de dólares.
Según Acción Ecológica, Texaco destruyó más de un millón de hectáreas de bosque tropical amazónico, derramó 74 millones de litros de petróleo y utilizó tecnología obsoleta que provocó el vertido de 18 millones de litros de aguas tóxicas.
La trasnacional petrolera se comprometió en 1994 ante el gobierno conservador de Sixto Durán Balléna a pagar reparaciones por un millón de dólares.
Ese hecho "limitó el apoyo del Estado a las comunidades indígenas, pues ya existía un acuerdo suscrito sin el consenso de los afectados", señaló Pacari.
En septiembre último, bajo el nuevo gobierno de Abdalá Bucaram, una comisión especial ordenó la suspensión de los trabajos de saneamiento que realizaba la petrolera, pues no llenaban los requerimientos técnicos necesarios.
"Fue esta acción la que ahora permite al gobierno tomar parte a nuestro favor", dijo Bonifaz. "Sólo esperemos que no sea demasiado tarde". (FIN/IPS/mg/ff/pr/96
