La decisión de un tribunal de Estados Unidos de anular el juicio abierto contra la petrolera Texaco por daños ambientales en Ecuador representa un revés para los pueblos amazónicos de este país, advirtieron hoy los índígenas demandantes
"Lucharemos por nuestros derechos hasta las últimas consecuencias", pese al fallo judicial adverso, declaró Cristóbal Bonifaz, representante legal de los 30.000 indígenas huaoranis pertenecientes a las 112 comunidades que presentaron la demanda.
Jed Rakoff, el juez estadounidense encargado de tramitar el juicio contra la petrolera, consideró que el caso debía ser formulado ante otra instancia y no en una corte de Estados Unidos, y declaró nulo el proceso.
El fallo de la corte está sujeto a apelación por parte de los demandantes.
Desde 1992, cuando Texaco abandonó Ecuador, los indígenas exigen una indemnización de ocho millones de dólares por daños ambientales y sociales causados por la compañía, que durante 28 años operó pozos petroleros en las provincias nororientales de Napo y Sucumbíos.
Texaco firmó en 1994 un acuerdo de reparación ambiental con el gobierno ecuatoriano, pero hace dos meses, los trabajos de recuperación fueron suspendidos a instancias del Departamento de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas.
El Departamento consideró que no se cumplían los requerimientos técnicos necesarios para subsanar el daño ambiental.
"No existe voluntad de reparar los daños provocados", señaló Miguel Capuy, miembro de las comunidades afectadas. "El contrato suspendido sería suficiente para exigirles una indemnización, pero el poder de las petroleras es muy grande y los intereses de los gobernantes se ponen en juego", agregó.
Al tratarse de un proceso internacional, la justicia estadounidense solcitó el apoyo de las autoridades ecuatorianas que, a su vez, consideraron que la causa debía tramitarse en su territorio.
Tras cuatro años de constantes suspensiones, el juicio pudo seguir en Estados Unidos cuando el parlamento ecuatoriano se pronunció a favor de los pueblos demandantes.
"La Texaco operó en Ecuador a través de compañías filiales" y no podrá ser demandada directamente "si el juicio se sigue en este país y bajo las leyes ecuatorianas", explicó Bonifaz,
"Actualmente, el caso se encuentra en la Procuraduría de Justicia de Ecuador, que deberá decidir si el juicio se puede seguir en territorio nacional o si es pertinente presentarlo en Estados Unidos", comentó a IPS Esperanza Martínez, miembro de la organización no gubernamental Acción Ecológica.
Martínez informó que los huaoranis "declararon en estado de alerta y preparan una serie de movilizaciones de protesta para presionar a la Procuraduría, a fin de que certifique que el juicio no se puede llevar en Ecuador". (FIN/IPS/mg/ff/pr en/96
