Un portavoz de la oposición de Panamá denunció la «injerencia» de Estados Unidos en el juicio iniciado hace tres meses por el parlamento contra José Manuel Faúndes, miembro de la Corte Suprema de Justicia acusado de delitos relacionados con el narcotráfico.
En un ambiente cargado de tensión y mutuas acusaciones entre los parlamentarios, el diputado Alfredo Arias, del Partido Arnulfista, aseguró que «el Departamento de Estados de Estados Unidos está detrás de este juicio».
Arias, cuyo partido encabeza la bancada de oposición de 28 legisladores, afirmó que con el caso de Faúndes, Estados Unidos «quiere mandar un mensaje a los magistrados, jueces y abogados que atiendan juicios relacionados con el tráfico de drogas».
«La justicia camina por senderos muy torcidos, y que Dios no permita que la mano de la injusticia haga rodar cabezas en el país y ponga en peligro la democracia», dijo Arias, al rechazar la supuesta intromisión de Washington en el juicio político.
Agregó que los demás integrantes de la Corte Suprema de Justicia y el procurador José Antonio Sossa, los diputados oficialistas y el Poder Ejecutivo «han tenido una actitud sumisa» frente a la intervención estadounidense en el juicio.
Faúndes, presidente de la sala penal de la Corte Suprema, fue enjuiciado por el parlamento por abuso de autoridad y extralimitación de funciones en cuatro casos relacionados con narcotráfico y «lavado» de dinero que se ventilan en los tribunales de justicia.
De ser hallado culpable por dos tercios de los 72 diputados que componen el Poder Legislativo, perderá su puesto en la Corte y podría sufrir una pena de seis a 18 meses de cárcel.
A pesar de que ninguno de los tres poderes del Estado admite injerencia foránea en el juicio político, el diputado Gerardo González, del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), dijo que uno de los casos en los que intervino Faúndes era seguido muy de cerca por Washington.
El asunto citado por González se refiere a una operación de «lavado» de narcodólares detectada por las autoridades de Estados Unidos y Panamá a comienzos de 1990, en la cual está involucrado el panameño Roy Alberto Antadillas, detenido a principios de este año por las autoridades locales.
Un grupo de empresas de fachada que regenteaba Antadillas recibió transferencias de dos empresarios que trabajaban para el extinto traficante colombiano Gonzalo Rodríguez Gacha, según Gonzalez.
Más de un millon de dólares de los 3,9 millones acreditados en las cuentas bancarias de Antadillas fueron transferidos por una empresa representada en Panamá por una firma de abogados a la cual pertenece el también magistrado de la Corte Fabián Echevers.
Faúndes fue acusado por Sossa ante el parlamento de presionar a la jueza Manuela Burgos para que ordenara la libertad de Antadillas por supuestas razones humanitarias.
Además del asunto Antadillas, el magistrado está acusado de otros tres casos de coacción y presión a jueces en busca de fallos favorables a narcotraficantes detenidos y para lograr la liberación de fondos retenidos judicialmente en la banca local.
Faúndes declaró haber actuado por razones humanitarias en los casos de Antadillas y otros acusados, pero la diputada del PRD Balbina Herrera cree que detrás el magistrado «hay una mano blanca del narcotráfico».
Herrera consideró que Faúndes, aún si evitara el voto condenatorio del parlamento, que exige una mayoría especial de dos tercios, ya ha recibido «una sanción moral que lo inhabilita para volver a la Corte».
«No sé con qué moral podrá llegar nuevamente a la Corte Suprema de Justicia luego de las evidencias que se presentaron durante el juicio, que lo vinculan a casos de narcotráfico», declaró Herrera.
La mayoritaria bancada oficialista aparentemente no cuenta con los 48 votos necesarios para configurar la mayoría especial señalada por la ley para condenar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia o al Presidente de la República.
Según Herrera, el hecho de que Faúndes «sea salvado de ir a la cárcel por el voto de la oposición no significa que sea inocente de los cargos que se le imputan».
Una jueza, un fiscal y otros funcionarios judiciales acusaron a Faúndes de haberlos obligado, mediante coacción, a fallar casos a favor de narcotráficantes representados por abogados presuntamente protegidos por el magistrado.
Durante el juicio, varios diputados del PRD denunciaron la existencia de un denominado «Club de la Llave», integrado por abogados, jueces y magistrados y dedicado supuestamente a manipular, presionar y corromper a funcionarios judiciales actuantes en procesos por narcotráfico. (FIN/IPS/sh/ff/ip/96
