Las penas por corrupción de menores en Cuba llegarán hasta 20 años de privación de libertad, si se aprueba una serie de modificaciones al Código Penal elaboradas por el Ministerio de Justicia, que se encuentra estancada.
Pero declaraciones sobre el tema formuladas por el fiscal general de la República, Juan Escalona, coincidieron con el anuncio este viernes de la separación del cargo del Ministro de Justicia, Carlos Amat.
El delito, agravado en los casos de uso de niñas o niños en actos de prostitución u homosexualismo, forma parte de una reforma penal que intenta ampliar el alcance de la ley a un grupo de figuras delictivas relativamente nuevas en el país caribeño.
Quiebra fraudulenta, tráfico de influencias, trata de personas y proxenetismo se encuentran entre los hechos que se convertirían en delitos sancionados en las leyes cubanas.
Aunque muchos de estos fenómenos preocupan a las autoridades cubanas, las modificaciones al Código Penal, de las que se comenzó a hablar a principios de este año, se encuentran estancadas desde junio pasado.
El fiscal general de la República dijo a la prensa cubana que la reforma supuestamente no ha sido aprobada porque incluye "algunas sanciones demasiado duras", aunque no especificó cuáles son las sanciones que preocupan al gobierno del presidente Fidel Castro ni en qué instancia se encuentra la discusión.
Las declaraciones de Escalona coincidieron significativamente con el anuncio publicado este viernes en el oficialista diario Granma de la decisión Consejo de Estado de separar de su cargo al ministro de Justicia a propuesta de la máxima dirección del Partido Comunista.
La reforma del Código Penal la debe aprobar la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento). Normalmente, esos procesos de consulta se realizan en las comisiones de la Asamblea y pueden llegar al Consejo de Estado.
Escalona señaló que la propuesta incluye medidas muy severas para quienes exploten el comercio del sexo en cualquier forma.
El proxeneta, la prostituta, el mediador de citas, el portero del hotel o el taxista catalogado como cómplice podrán estar entre los sancionados por la ley una vez que se apruebe la reforma, según el fiscal general.
Escalona reconoció que "aún sin aprobarse la modificación penal" las autoridades encargadas de la seguridad y la justicia están tomando medidas contra las prostitutas, llamadas "jineteras" en el lenguaje popular.
Antes de dictar una medida extrema, las personas son advertidas sobre la gravedad de sus delitos, se les insta a renunciar a sus actividades, y siempre que sea posible se alerta a la familia para que interceda, aseguró el alto funcionario.
Según Escalona, algunas decenas de prostitutas han sido sancionadas pues al reincidir, una vez advertidas, las autoridades les aplican un "procedimiento de índice de peligrosidad por conducta antisocial".
La prostitución cobró auge en Cuba a principios de esta década con el desarrollo intensivo del turismo y la crisis económica que, desde 1990, redujo considerablemente el nivel de vida de la población cubana.
Sin embargo, fuentes oficiales defienden la tesis de que la prostitución no responde a una estrategia de sobrevivencia de un sector de la población, sino que es usado para acceder a artículos suntuarios, ninguno de ellos de primera necesidad.
Una campaña pública sobre el tema fue iniciada este año por el semanario Juventud Rebelde, órgano de la Unión de Jóvenes Comunistas, y se opuso a las medidas represivas contra las prostitutas como la vía adecuada para eliminar el fenómeno.
Observadores locales estiman que, justamente, sancionar legalmente la prostitución podría estar entre los temas más polémicos y que dilatan la decisión del gobierno sobre las modificaciones penales propuestas por la Fiscalía.
Otro caso sería el relacionado con la corrupción de menores, tema en el que no habría duda acerca de que los violadores deben recibir las sanciones más severas.
Un tribunal cubano condenó en octubre a 12 años de cárcel a un turista francés por exhortar a adelescentes cubanas, de entre 12 y 15 años, a posar desnudas y a "dejarse tocar algunas partes de sus cuerpos" a cambio de dólares.
Granma reveló este mes que otros dos casos de corrupción de niños varones fueron detectados este año y que los implicados fueron sancionados con privación de libertad, con penas de hasta 15 años.
"Las leyes nacionales serán implacables con los autores de estos delitos", dijo Escalona pero reconoció que en algunas ocasiones los hechos son muy difíciles de probar jurídicamente.
Según el fiscal general, de aprobarse las modificaciones en estudio, hasta una simple proposición deshonesta a un niño o su utilización en la mendicidad podrían acarrear a sus promotores de tres a ocho años de cárcel. (FIN/IPS/da/ag/pr/96
