Croacia se convirtió hoy en el miembro número 40 del Consejo de Europa, tras una larga campaña diplomática para mejorar su imagen internacional, mellada a raíz de las acusaciones de violación de derechos humanos.
La membresía al Consejo de Europa se reserva, supuestamente, a estados europeos que "aceptan el régimen de la ley y el goce de todas las personas bajo su jurisdicción de los derechos humanos y las libertades fundamentales".
La república ex yugoslava de Croacia ha sido objeto de reiteradas y severas críticas de organizaciones humanitarias y medios de comunicación.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) cuestionó el tratamiento que Zageb deparó a los serbios que residían en las zonas capturadas por el ejército croata en 1995.
La ceremonia celebrada este miércoles en Estrasburgo, a la que concurrió el ministro de Relaciones Exteriores de Croacia, Mate Granic, marcó el fin de una larga campaña diplomática desarrollada por el gobierno del país.
Según informes coincidentes, el presidente de Croacia, Franjo Tudjman, puso la membresía al Consejo de Europa como condición para cooperar con el proceso de paz en Bosnia-Herzegovina iniciado el año pasado en Dayton, Estados Unidos.
El Consejo resolvió aceptar a Croacia si el gobierno cumplía antes del 30 de septiembre con su parte del acuerdo de Dayton, cooperaba con el tribunal internacional que juzga en La Haya crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia y respetaba los derechos humanos y los de las minorías.
Cumplido el plazo, el Consejo decidió que Croacia había cumplido con las condiciones que se le impusieron.
El gobierno de Tudjman promovió una ley sobre libertad de prensa, estableció relaciones diplomáticas con la actual Yugoslavia, respaldó las elecciones en Bosnia-Herzegovina y acordó la futura ratificación de las convenciones europeas sobre derechos humanos y minorías.
Sin embargo, la situación de los serbios en Croacia no mejoró. Más de 150.000 huyeron cuando las fuerzas croatas reocuparon las regiones de Eslavonia del Este y Krajina, tomadas en 1991 por rebeldes con ayuda de la República de Serbia.
La ONU condenó la falta de acciones por parte de Croacia para ayudar a esos refugiados a regresar a sus hogares, así como el acoso que sufren los serbios que permanecieron allí. Unos 120.000 serbios de los 620.000 que vivían en Croacia en 1991 permanecen en el país.
El secretario general de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, acusó a inicios de año al gobierno de Tudjman de discriminar a los serbios en materia de empleo y pensiones, al tiempo que bloquea los trámites de reingreso de los refugiados que pretenden regresar al país.
Además, agregó Boutros-Ghali, soldados y policías uniformados, así como civiles, participaron en actos de saqueo e intimidación.
Croacia desarrolla "una sistemática discriminación y persecución contra las minorías que continúan en el país y aquellos que desean regresar a sus hogares", según la organización humanitaria británica Oxfam.
Las leyes croatas impiden el regreso de unos 200.000 serbios que huyeron en 1995, según activistas.
Los comités de Helsinki en Croacia y Belgrado afirmaron que apenas unos pocos miles pudieron regresar a Krajina, entre ellos los más viejos entre los 30.000 que solicitaron permiso a las autoridades.
El gobierno de Tudjman afirma que apenas puede procesar 15.000 solicitudes al año, a pesar de que dispone de documentos que prueban que los solicitantes residían en Croacia antes de que estallara la guerra.
El Comité de Helsinki también documentó manifestaciones de odio religioso por parte de sacerdotes católicos croatas que reclaman la expulsión de los serbios que permanecen en el país.
La organización internacional Reporteros sin Fronteras afirmó este miércoles que Zagreb continúa querellando a los pocos medios independientes del país, lo cual viola una de las condiciones impuestas por el Consejo de Europa para otorgarle la membresía.
El gobierno "sigue controlando con mano de hierro la radio y la televisión nacionales", afirmó el grupo, que recordó que Tudjman y la gobernante Unión Democrática Croata emprendieron acciones legales contra dos periodistas.
Viktor Ivancic y Marinko Culic, del semanario independiente Feral Tribune de la ciudad de Split, fueron querellados bajo una ley aprobada el año pasado por el parlamento por escribir comentarios poco elogiosos hacia Tudjman y otros funcionarios, pero fueron declarados inocentes en septiembre.
"Croacia es un país libre donde existe la libertad de expresión, incluso el derecho de criticar al presidente", sentenció la corte de Zagreb.
Un nuevo juicio, iniciado por la fiscalía en octubre con la excusa de que hubo errores procesales en el primero, podría aparejarle a los dos periodistas hasta tres años de prisión por haber escrito comentarios poco elogiosos hacia Tudjman y otros funcionarios.
"Croacia es uno de los pocos países europeos donde los periodistas todavía tienen que comparecer ante un tribunal. Este juicio tiene la finalidad de castigar las opiniones diferentes a las de Tudjman", dijo Ivancic. (FIN/IPS/tra-en/wr/am/rj/mj/ip hd pr/96
