El presidente de Costa Rica, José María Figueres, inició la semana con una importante baja en su gobierno, la de su ministro de Seguridad, Bernardo Arce, cuestionado por supuestos actos de enriquecimiento ilícito.
Arce presentó su renuncia el sábado, tras una reunión con el mandatario, posiblemente para evitar que su separación del cargo fuera pedida, en pocos días, por la Procuraduría General de la República.
Al ex ministro se lo señala de haber gestionado ante otra dependencia estatal un permiso para la explotación de un tajo aduciendo que el material se utilizaría en la reparación de caminos vecinales.
Pero los materiales, según un informe de la Contraloría General, se utilizaron en la construcción de la represa de un proyecto hidroeléctrico de la compañía Energía Global, de la cual fue directivo, junto con algunos miembros de la familia Figueres.
El permiso de explotación lo habría gestionado Arce siendo ministro de Obras Públicas y Transportes, cargo que dejó a mediados de este año para ocupar la cartera de Seguridad.
Junto con Arce, y por el mismo caso, renunció el viceministro de Gobernación, Douglas Loría.
Arce también ha sido mencionado en otros casos de corrupción. Uno de ellos está relacionado con el mal manejo de recursos en la Dirección de Aviación Civil, dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que investiga actualmente la Contraloría, el Ministerio Público y una comisión legislativa.
En este caso, ocurrido también cuando era ministro de Obras Públicas y Transportes, se investiga la actuación del entonces director, Nelson Rodríguez, quien fue nombrado en el cargo por el presidente Figueres ante recomendación de Arce.
La salida del gobierno ex ministro de Seguridad se interpretó como un duro golpe para Figueres, ya que Arce ha sido su amigo personal desde la infancia y socio en sus empresas.
Las denuncias de corrupción, la mayoría formuladas contra funcionarios de mandos medios, es uno de los factores que influye en la mayoritaria opinión negativa de la población hacia la gestión presidencial de Figueres que registran las encuestas.
Otro factor que influye en forma negativa es la situación económica del país, sumido en un estancamiento que se traducirá este año en un crecimiento de sólo uno o 1,5 por ciento, inferior a la tasa de aumento de la población.
Además, durante el período de Figueres, iniciad0 en mayo de 1994, explotó la crisis de la deuda interna, un problema que venía siendo evadido con medidas parciales por los gobiernos anteriores, pero que exige ya una solución global, según los expertos.
El Estado adeuda más de 3.000 millones de dólares que ha colocado en bonos y cuyo servicio consume alrededor de 30 por ciento de los gastos de gobierno.
Se calcula que para 1997 la deuda interna llegará a 4.000 millones de dólares, cifra similar a la deuda externa.
El gobierno nombró una comisión de expertos para estudiar posibles soluciones al problema, que este lunes entregó su informe al ministro de Hacienda, Francisco Gutiérrez.
Si bien no se ha dado a conocer el contenido del mismo, se afirma que los expertos que la integran tomaron en cuenta posibilidades como la venta de activos del Estado, la condonación de la deuda por parte de instituciones públicas y la dolarización de esas obligaciones. (FIN/IPS/mso/ag/ip-if/96