Contra todos los pronósticos, y en medio de presiones y temores, avanza en el Congreso de Colombia un paquete de proyectos de ley "antinarcos" que contempla desde reimplantar la extradición hasta expropiarles retroactivamente los bienes mal habidos.
A codazos, con múltiples modificaciones producto de negociaciones interpartidistas y forcejeos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, el paquete superó ya la primera barrera de las Comisiones de Asuntos Constitucionales del Senado y la Cámara de Diputados.
La presión para que el paquete pase las ocho rondas de votación en comisiones, plenarias independientes y unificadas de las dos cámaras legislativas y cumpla requisitos de publicación, proviene de diversos flancos con disímiles motivaciones.
En lo externo pesan los compromisos del gobierno del presidente Ernesto Samper con la comunidad internacional, y en particular con Estados Unidos, para restablecer la credibilidad acerca de su voluntad política de luchar contra la poderosa multinacional del narcotráfico.
En ese sentido han sido los dos llamados urgentes del gobierno al Congreso, por medio de los ministros del Interior, Horacio Serpa, y de Justicia, Carlos Medellín.
"Acudiremos a las facultades extras", advirtió Serpa, cuando parecía que los proyectos quedarían en el limbo y el parlamento, cuya bancada mayoritaria es la del gobernante Partido Liberal, en la picota pública.
La expedición de medidas por decreto presidencial implicaría reconocer que el Congreso es proclive a los intereses del narcotráfico, según la lectura polarizada de la actual situaciòn colombiana.
Aunque los detractores del gobierno tachan de ambiguas algunas posiciones y matices expresados por algunos ministros, en la cúpula del Ejecutivo habría claridad en cuanto a que con el paquete de leyes se juega la suerte inmediata de la estabilidad económica.
Cerca de 39 por ciento de las exportaciones de Colombia son hacia Estados Unidos. Por eso se han pronunciado a favor de endurecer las penas los gremios de industriales y exportadores, que sienten que puede llegar la fecha tope de marzo de 1997 sin que Colombia logre eliminar la amenaza del veto comercial.
Desde marzo pesa la descertificación a Colombia por parte de Estados Unidos, que implicó hasta ahora la pérdida de la visa de ingreso de Samper a ese país, pero aún no se ha traducido en medidas comerciales.
En el mismo flanco están los banqueros que por boca de su presidente, Cesar González, pidieron al Congreso demostrar que no está infiltrado de corruptos.
"No queda otra alternativa que hacer política para cambiar Congreso de la República, para sacar de allí a los corruptos y a los estafetas del narcotráfico", dijo González, en un encuentro sobre Admninistración de Riesgo, realizado el día 16 en la noroccidental ciudad de Medellín.
Se refería, tal vez, a lo que un reportero de la edición colombiana de la revista Cambio 16 llamó la "bicicleta estática", para describir el ausentismo de los diputados y eludir votaciones que los pusieran en la mira de la mafia.
Durante los primeros 118 días en que el paquete de medidas estuvo a consideración de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, el quórum para decidir sobre las iniciativas se desvanecía como por arte de magia o "de mafia", como irónicamente se comentó.
Hubo quienes evocaron atemorizados, aunque no públicamente, las jornadas del narcoterrorismo desatadas a comienzos de esta década por el Cartel de Medellín, su capo Pablo Escobar y su brazo militar Los Extraditables.
Entonces la frase de combate era: "preferimos una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos".
Estallidos de coches-bomba, miles de muertos, asesinatos a quemarropa o sutiles llamadas telefónicas fueron los métodos de entonces que alcanzaron a insinuarse, de nuevo, a propósito del paquete de proyectos.
Un coche bomba fue desactivado en la occidental ciudad de Cali, frente a las instalaciones de la empresa del esposo de la parlamentaria Claudia Blum, una de las ponentes.
A Germán Vargas Lleras, otro de los ponentes, le llegaron datos sobre amenazas contra su vida y al otro lado de la línea telefónica una mañana escuchó: "Su vida corre peligro".
Uno de los ejes del paquete es la extradición, que fue eliminada por la Constitución de 1991 y de cuya aprobación dependería revertir la descertificación de Estados Unidos.
Se deroga el artículo 35 de la Constitución, según la más lacónica de varias iniciativas tendientes a revivir la extradición, presentada por el diputado de liberal Luis Gillermo Giraldo, opositor de Samper.
Pasado el primer escollo de las Comisiones Constitucionales, quedó de manifiesto que en cinco años el ambiente para la extradición ha variado sustancialmente.
"Contra todos los pronósticos, la extradición llegó a la agenda del Congreso de la República, de los medios de comunicación y del gobierno nacional", afirmó el ex canciller Rodrigo Pardo.
"Es un paso positivo", declaró desde Washington el portavoz del Departamento de Estado, Nicholas Burns.
La expropiación de bienes de los narcotraficantes, la otra medida "gruesa" del paquete, también superó el primer debate.
Con un vehemente discurso del ministro del Interior, señalado por sus posiciones pro estadounidenses, y uno más parco pero no menos convincente del fiscal general, Alfonso Valdiviezo, la votación fue de 23 a favor y 11 en contra.
A estas alturas de la legislatura, cuando faltan muchas rondas de discursos, argumentos y contrapropuestas, nuevas veladas u ostensibles amenazas de la mafia, el interrogante es si el paquete que lentamente ha ido sorteando etapas llegará al final o se quedará en el túnel.
Pero hay otras preguntas con respuesta de más largo plazo: ?Si Colombia deja de ser lo que algunos han llamado el "paraíso jurídico de los mafiosos" se acabará la demanda y el próspero negocio?
Y por último: Si como algunos dicen, el capitalismo es una mafia legal y la mafia un capitalismo ilegal, ?con el cambio de la tenencia de la propiedad se produciría una revolución? (FIN/IPS/mig/ag/ip/96
