El gobierno de Colombia pidió hoy al Congreso la aprobación "sin condicionamientos" de un proyecto de ley dirigido a expropiar bienes adquiridos con dinero del narcotráfico y de otras actividades ilícitas.
El ministro del Interior, Horacio Serpa, advirtió que el gobierno pedirá facultades extraordinarias al mismo Congreso para promulgar el proyecto por decreto si no es aprobado por las comisiones parlamentarias encargadas de la primera etapa del trámite legislativo.
Noventa por ciento de los 32 artículos de la iniciativa, presentada hace cuatro meses por el Ejecutivo al Legislativo, ya han sido votados favorablemente en comisión.
Los parlamentarios debatieron este miércoles el capítulo más controvertido del proyecto, relativo a la apliceación con retroactividad de sus disposiciones.
En opinión del gobierno, la expropiación de los bienes adquiridos ilícitamente debe ser retroactiva a la fecha en que se tipificó como delito la actividad que los generó.
Pero miembros de las comisiones a cargo del proyecto sostienen que la ley sólo puede aplicarse desde el momento de su promulgación, y otros entienden que el asunto debe ser resuelto por los jueces competentes, como lo establece la Constitución.
De acuerdo con la Constitución, la expropiación de bienes a particulares puede realizarse en los casos que la justicia considere de interés público.
Las comisiones parlamentarias ya aprobaron los artículos que declaran la extinción del dominio para el caso de bienes producto de enriquecimiento ilícito de particulares o de funcionarios del Estado.
Según el proyecto, la medida se aplicará a las personas halladas culpables de peculado, celebración indebida de contratos, falsificación de moneda o de utilización indebida de información con fines de lucro.
También se declarará extinguido el dominio sobre bienes adquiridos con dinero procedente del narcotráfico, del lavado de activos, de la fabricación y tráfico de armas y munición de uso privativo de las fuerzas armadas, de soborno, tráfico de influencias, rebelión, asonada, secuestro y extorsión.
Así mismo, la ley se aplicará a los herederos de bienes de narcotraficantes.
El proyecto de ley en discusión es de vital importancia para el gobierno, pues de su promulgación y de la reimplantación de la extradición de narcotraficantes de nacionalidad colombiana depende su calificación por Estados Unidos en materia de lucha contra las drogas.
Washington aplicará sanciones comerciales a Colombia en caso de considerar negativo su desempeño en el combate contra el narcotráfico.
Varios parlamentarios han sido presionados con amenazas anónimas para que renuncien a la aprobación del proyecto.
Según diversos estudios, el narcotráfico ingresa anualmente al país entre 1.000 y 4.0000 millones de dólares, que representan entre 1,3 y 5,4 por ciento del producto interno bruto colombiano. (FIN/IPS/yf/ff/ip/96
