La mayor entidad empresarial de Colombia condicionó hoy su participación en un nuevo pacto social para frenar la inflación a un compromiso del gobierno y las autoridades monetarias para la reestructuración de la economía.
El Consejo Gremial Nacional, integrado por los 15 principales sectores de la producción, afirmó que sólo firmará un nuevo pacto cuando el gobierno garantice un mecanismo de control para que se cumplan los acuerdos y se conozca la meta de inflación fijada por el Banco de la República, responsable de la política monetaria.
El pacto social es un acuerdo sobre precios, salarios y productividad entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores.
Según los empresarios, una de las principales causas por las que el pacto social fracasó fue por la violación por parte del gobierno de los compromisos adquiridos para controlar el aumento de tarifas de bienes y servicios públicos que son de su competencia.
Mediante el acuerdo, el gobierno aspiraba a cerrar 1996 con una inflación de 18 por ciento, para lo que los empresarios se comprometieron a no elevar los precios de sus productos por encima de la meta prevista y los trabajadores a no reclamar incrementos salariales superiores al tope fijado.
La Junta Directiva del Banco de la República admitió este viernes su fracaso para reducir la inflación y anticipó que 1996 cerrará con un costo de vida de 22 por ciento, cinco puntos más de lo previsto por la entidad.
El presidente de la Junta, Miguel Urrutia admitió la gravedad de la situación, pero descartó medidas de choque por parte del instituto emisor para reducir el costo de vida a los niveles deseados.
Urrutia coincidió con los empresarios al afirmar que parte de la culpa en el fracaso de la meta la tiene el gobierno, por "el errático comportamiento que tuvieron las tarifas del servicio público".
El funcionario advirtió, no obstante, que la Junta es optimista ante 1997, porque no cree que haya un incremento de precios en los servicios públicos como ocurrió este año.
Para controlar la inflación el gobierno comenzó a adoptar una política de rígidos controles con la participación de diferentes instancias.
El Ministerio de Educación anunció que se fijará un marco de comportamiento a los colegios privados con el objetivo de frenar el alza de pensiones y matrículas, que influyeron este año en el incremento de la inflación.
El Ministerio de Desarrollo fue encargado del seguimiento y control de los precios de rubros como arrendamientos y servicios públicos, para que no sobrepasen la meta que se fije para 1997, que según fuentes del gobierno estaría en 17 por ciento. (FIN/IPS/yf/ag/ip-if/96
