Un proyecto de Ley que modifica las reglas para asignar telenoticieros y la anulación de una licitación para más de cien frecuencias de radio en Colombia vuelve sobre la vieja y no resuelta polémica de libertad de información versus libertad de empresa.
En el trasfondo del debate se vislumbra un gigantesco negocio de alta rentabilidad económica y política: los medios de información, que cuando son audiovisuales conllevan, dicen los expertos, espectáculo.
También está en juego la incursión de poderosos diarios en la industria de los medios no escritos, como El Tiempo y El Espectador, de la capital, y algunos de provincia.
La puja se da por espacios de opinión en dos canales nacionales y cinco regionales de televisión y el cable, telefonía celular, colonización para informativos de emisoras radiales FM y páginas en el ciberespacio.
Un minuto de anuncios comerciales en un telenoticiero de cobertura nacional, de horario triple A (entre siete y diez de la noche) cuesta unos 8.000 dólares, según estudios especializados.
En promedio, la pauta publicitaria de una emisión informativa de media hora, que es la establecida para los telenoticieros en el país, se reporta en 56.000 dólares y anualmente el monto llega a unos 13,4 millones de dólares al año.
Las tarifas en emisoras de radio son más bajas pero compensan por volumen, en un país de gran tradición oral y pocos lectores, donde la gente vive literalmente "con la oreja pegada al radio".
Por tanto, el asunto se ventila no sólo en la sede del Congreso, los pasillos de los ministerios, las columnas editoriales y los consejos de las programadoras, sino también, y sobre todo, en las juntas directivas de los grandes grupos económicos.
Dos de los más importantes grupos del país, Santo Domingo y Ardila Lulle, no sólo se disputan a los consumidores de cerveza, refrescos y agua embotellada, sino la audiencia en las cadenas de radio Caracol y RCN, y sus respectivas programadoras de televisión.
Caracol y RCN tendrían, cada una, más de cien emisoras algunas con control accionario y otras mediante acuerdos para enlazar la programación que cada vez en mayor medida se decide desde la capital, desdibujando las particularidades culturales de un país de regiones contrastantes.
Por todo esto es que además del "show" que los comunicólogos le incorporan como requisito a toda comunicación audiovisual, en Colombia se añade la creación de "productos" multipropósito.
Por ejemplo: reinas de belleza, potenciales presentadoras de televisión, protagonistas de "culebrones" (telenovelas), cantantes y, casi con certeza, modelos de promoción de cerveza o refrescos artificiales o agua embotellada.
Fue así que de los días 1 al 11, cuando se eligió en Cartagena la representante colombiana al concurso de "Miss Universo", los telenoticeros, generalmente patrocinados por una bebida de marca, dedicaron más espacio al reinado que a la Cumbre Iberoamericana, realizada en Santiago de Chile.
En tanto en el Congreso, donde se debate la modificación parcial de la ley de Televisión, comparecían defensores y detractores del proyecto que, según se ha planteado la polémica, equivalen a adeptos y opositores del gobierno del presidente Ernesto Samper.
La ley de Televisión, aún no reglamentada del todo, creó un ente que debe ser autónomo del gobierno, para regular este medio.
Los ponentes del proyecto son la diputada Marta Daniels, del gobernante Partido Liberal e incondicional partidaria de Samper, y el independiente Carlos Alonso Lucio, ex militante del M-19, uno de sus más elocuentes defensores.
Sin ambajes, Lucio dice: "no hay disculpas, la iniciativa es política". La tesis "es que hay que rebarajar los noticieros de televisión".
Según la ley que se quiere modificar, los contratos vigentes adjudicados durante el gobierno de César Gaviria (1990-91) por un lapso inicial de seis años, se prorrogarían automáticamente por un período igual, si han cumplido ciertos requisitos.
Los opositores de la reforma dicen que con la adjudicación de largo plazo se empezó a profesionalizar el manejo de la industria de la información en televisión con altas inversiones en estudios de producción y tecnología, que en caso de cancelar los contratos se iría al traste.
La contraparte de esta versión es que hace más de tres décadas que los gobiernos han adjudicado prácticamente "a dedo" los telenoticieros, con un criterio de paridad política similar al empleado para conformar el gabinete ministerial.
Hay tres telenoticieros que pertenecen a los grupos familiares de otros tantos ex presidentes. "TV Hoy", del conservador Misael Pastrana (1969-74), "Noticiero de las 7", del liberal Alfonso López (1974-78), y "24 Horas", del conservador Laureano Gómez (1950-53).
Samper sería el primer presidente que no cuenta con esa prevenda, en un contexto de polarización de opiniones por el cuestionado aporte del narcotráfico a su campaña electoral y el manejo clientelista del Congreso, cuya Cámara de Diputados lo absolvió.
Por eso se afirma que los parlamentarios, satanizados por algunos medios, y el Congreso en conjunto considerado según diversos sondeos de opinión como la institución más desprestigiada del país, estarían "respirando por la herida".
En cuanto a la anulación de la licitación para emisoras de radio en FM, anunciada por el ministro de Comunicaciones, Saulo Arboleda, invalida la convocada y fallada por su antecesor, Armando Benedetti, en la que nuevos grupos salieron mejor librados que los tradicionales.
Es el caso del grupo de Carlos Mejía, que obtuvo los mayores puntajes de la licitación de radio declarada desierta por el ministro Arboleda, que antes de llegar a ese cargo era el representante de la Asociación de Medios de Comunicación, y como tal se oponía a lo que ahora defiende.
Sobre anulación de la licitación de radio, Mejía dijo que fue "sana, transparente y abierta (…) Si vamos a hablar mal de las licitaciones de radio investiguemos los últimos diez años y ahí sí vamos a encontrar irregularidades".
"Vemos que la televisión tiene un proceso de concentración muy grande y que será muy difícil que mantengamos un lugar", agregó el empresario.
Más allá de los dueños de los medios hay quienes indagan si los cambios de una nueva adjudicación de telenoticieros y emisoras de radio se traducirán en mayor equilibrio y democracia informativa.
O si sólo habrá un cambio de baraja con los mismos "talladores", como en el juego de poker. Al fin y al cabo la pauta publicitaria es una vieja y eficaz forma de control de la información.
"Al país le interesa vitalmente que la información que se reciba (…) sea cristalina. Pero le importa un pito (nada) la forma como (los dueños de los medios) manejan su economía doméstica", afirma el escritor Fernando Garavito.
Javier Darío Restrepo, presidente del Comité por la Libertad de Prensa, recuerda que en 1990 cuando se bosquejó un ente regulador de la televisión se buscó evitar interferencias gubernamentales, porque "repercuten negativamente en el derecho a la información que tiene la sociedad".
"No es la sociedad la que crea la comunicación sino que la comunicación crea la sociedad", añade Restrepo al argumentar la validez actual de una polémica donde las audiencias están inermes porque no hay ligas de usuarios, y las agremiaciones de periodistas están en franca decadencia. (FIN/IPS//mig/ag/cr/96
