Las instalaciones de la estatal empresa petrolera Pemex son una bomba de tiempo por sus problemas de seguridad, advierten ambientalistas, pobladores y parlamentarios. Pero no saldrán de la capital de México, pues su presencia representa importantes ahorros, según las autoridades.
Los directivos de Pemex indicaron el día 5 que las explosiones de tanques de gasolina el día 11 en una zona poblada de la ciudad, que provocó cuatro muertos y el desalojo temporal de 5.000 personas, se debió al uso de una válvula inadecuada.
Reconocieron que podrían haber actualmente otros equipos con fallas, pero prometieron una vez más que redoblarán esfuerzos para evitar nuevas tragedias.
Un estudio de los organismos de protección civil indica que en la capital mexicana, donde viven 20 millones de habitantes, existen 600 zonas de riesgo por la presencia de depósitos de combustible, gasoductos y poliductos.
El traslado de las instalaciones de la capital obligaría a transportar en camiones millones de litros de combustibles para abastecer a los distruibuidores, lo que sería más peligroso y oneroso, dijo Adrián Lajous, director de la empresa.
En una presentación ante diputados, que reclamaron su renuncia por supuesta ineficiencia, Lajous declaró este martes que los últimos accidentes ocurridos en Pemex "justifican radicalizar los programas de seguridad industrial".
Algo similar señalaron sus antecesores en 1984, luego que una planta almacenadora de gas estalló en una sitio cercano al del último accidente. En esa ocasión murieron cerca de 500 personas.
"Es inaceptable que, manejando instalaciones tan riesgosas, Pemex reconozca con tal tranquilidad que no hace lo suficiente enmateria de seguridad", dijo la diputada Leticia Calzada, del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática.
"Pemex, antes orgullo de los mexicanos, se ha convertido en una escalofriante fábrica de conflagraciones que no concede valor alguno a la vida y a la dignidad de los seres humanos", dijo la diputada, miembro de la Comisión de Energéticos del Congreso.
Con una producción diaria superior a 2,6 millones de barriles de crudo, inversiones anuales por 3.800 millones de dólares y ventas por 7.200, la empresa Pemex, estatizada hace 58 años, es una de las pocas de su tipo en el mundo que no se ha privatizado.
Desde que inició su gestión el presidente Ernesto Zedillo, en diciembre de 1994, se han registrado tres accidentes mayores en las instalaciones de Pemex, en los que murieron unas 10 personas.
Un informe de la Comisión de Energéticos del Senado afirma que los recursos destinados por Pemex a seguridad industrial bajaron en lo que va de año en 8,2 por ciento, lo que fue rechazado por los directivos de la empresa, la quinta más grande del mundo en el sector.
Las normas internacionales de la industria petrolera indican que debe invertirse entre 4,5 y cinco por ciento de los activos en mantenimiento, y aseguraron que Pemex invierte 6,2 por ciento.
La organización internacional Oilwacht contradice a Pemex, al indicar que la empresa destina al mantenimiento menos de la tercera parte de los recursos recomendados, por lo que se considera una empresa insegura y peligrosa.
Organizaciones ambientalistas como Greenpeace y Grupo de los Cien, así como pobladores de las zonas donde existen instalaciones de Pemex, demandan al gobierno realizar una auditoria independiente a la empresa, pues dicen tener evidencias de que no cuenta con adecuados sistemas de seguridad.
Lajous prometió que Pemex "aumentará su gasto en mantenimiento, mejorará la eficacia en el uso de recursos y entrará a un programa profundo y más general para modificar sus prácticas industriales". (FIN/IPS/dc/ag/en/96
