La VI Cumbre Iberoamericana, que comenzó este jueves en esta capital en su fase técnica, tiene como uno de sus propósitos centrales el fortalecimiento de los procesos de reforma de la administración pública y descentralización del Estado en toda la región latinoamericana.
La Declaración de Viña del Mar, que será suscrita el lunes por los jefes de Estado y de gobierno de los 19 países de América Latina, España y Portugal, contendrá compromisos específicos y pautas de cooperación en estas materias, consideradas indispensables para la gobernabilidad democrática.
El perfeccionamiento de los recuperados regímenes democráticos en la región coincide, según advirtió el presidente chileno Eduardo Frei, con la tendencia mundial hacia las economías de mercado, en un esquema de globalización que consagra el libre comercio y los principios liberales.
Pero este proceso, agrega Frei, fue precedido en la región no sólo por numerosos regímenes dictatoriales, sino también por la crisis recesiva de la década de los años 80, que dio origen a planes de ajuste y a profundas reformas estructurales en la organización económica de los Estados.
Así, las democracias se enfrentan hoy al doble desafío de satisfacer las demandas políticas de participación y de elevar las condiciones de vida de sus ciudadanos, mejorando el empleo, la educación y la salud, cuando aún hay recursos limitados y altos índices de pobreza heredados de la década anterior.
El auge del neoliberalismo puso en entredicho al Estado, como un ente gigantesco, lerdo y a menudo inútil, sostenedor de una burocracia que demanda grandes gastos al erario público y donde se gestan vicios, desde el reparto del "botín político" hasta la corrupción.
Esa visión extrapolada por los partidarios del nuevo modelo se vio acompañada también de visiones críticas en la población acerca de la capacidad de los poderes públicos para defender a los más pobres del impacto neoliberal y reponer el imperio de los derechos humanos, atropellados por las dictaduras.
La gobernabilidad es en lo político un "correlato de la globalización, y constituye un nuevo paradigma con dos elementos: democracia liberal representativa y sistema de libre comercio", dijo a IPS en Caracas el argentino Carlos Moneta, secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano (SELA).
La promoción política de las garantías de los derechos humanos y la transparencia de la gestión pública aparecen así como "una adaptación a lo que proviene de la esfera económica", según Moneta.
Así, se llega entonces a esta VI Cumbre Iberoamericana con una visión crítica generalizada sobre el Estado, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y sobre los partidos como generadores de dirigentes y proyectos nacionales, lo cual desemboca en el creciente desprestigio de la política.
Es por eso que el "Latinobarómetro", encuesta aplicada este año en 17 países latinoamericanos y España, dio como resultado en la región un apoyo de 61 por ciento de los habitantes a la democracia, que a su vez están satisechos sólo en 27 por ciento con el funcionamiento del sistema representativo.
El politólogo Gilberto Rincón, de MEXICO, advierte que "el sistema neoliberal logra reducir el peso de la burocracia, pero no mejora la eficiencia dirigida a superar los rezagos sociales y crea monopolios a través de las privatizaciones".
Por eso, según Rincón, los ciudadanos no creen en los programas de reformas administrativas y descentralización, "pues no sienten que cambie su situación y, por el contrario, están más pobres e inseguros".
En VENEZUELA, con el telón de fondo del ajuste económico, se paralizaron los programas de descentralización que el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-93) echó a andar, afirmó Carlos Blanco, quien fuera minisro para la Reforma del Estado de esa administración.
Con diversos grados de cumplimiento y adhesión, en casi toda América Latina están en marcha planes de reforma política e institucional.
Con la meta de la gobernabilidad en la mira, involucran desde los poderes locales a los gobiernos centrales, pasando por las cortes de Justicia, los parlamentos y los partidos.
En el propio México y en URUGUAY las reformas al sistema electoral están en el centro de las preocupaciones para cambiar mecanismos de generación de los poderes Ejecutivo y Legislativo cuestionados en su representatividad.
En ECUADOR, el ex candidato presidencial Freddy Ehlers, tercero en los últimos comicios, estima que las reformas están condenadas al fracaso, en tanto no se asuma que "el problema (del Estado) es de educación y ética, no es un problema de leyes".
En el crítico escenario de COLOMBIA, marcado por la violencia y el narcotráfico, el académico Luis Valencia sostiene igualmente que fracasaron los planes de descentralización y modernización en tanto no lograron promover la participación popular ni dar solución a los problemas sociales.
No obstante los escepticismos y las críticas, tanto los gobiernos como la comunidad internacional a través del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) llevan a cabo planes de reformas políticas, administrativas y judiciales apoyados a menudo por proyectos de cooperación.
CHILE, a través de su Agencia de Cooperación Internacional, ha enviado expertos a Haití y América Central para trabajar en programas de descentralización que incluyen tanto aspectos de gobernabilidad, en materias cívicas, como económicos para mejorar los sistemas de promoción de exportaciones.
En COSTA RICA, el PNUD y el gobierno de José María Figueres trabajan conjuntamente en el área del fortalecimiento institucional, concentrando actualmente los esfuezos en dos proyectos, uno de reforma financiera y otro de reforma tributaria.
La ley de Participación Popular en BOLIVIA es observada como una de las experiencias más interesantes de descentralización, ya que el Estado, que concentraba 75 por ciento de los recursos del Tesoro, devolvió capacidad de gestión y dotó de recursos a los 311 municipios del país.
El PNUD firmará en estos días con el gobierno de HONDURAS convenios de apoyo político y gobernabilidad, concentrados en mejorar la administración de justicia, que contarán con recursos de la Cooperación Española.
Un caso aparte en el escenario iberoamericano es Cuba, donde no hay señales de reformas políticas profundas, pero donde se lleva a cabo desde 1993 un relativo proceso de apertura y descentralización económica, que ha dado alguna autonomía a las empresas del estado. (FIN/IPS/ggr/jc/ip-hd/96
