Los conflictos propios de una realidad política tan peculiar como la del mar Caribe, donde existen estados que cubren dos o varias islas, están cobrando entidad en dos de esos países, que presentan versiones diferentes de un fenómeno acentuadamente común.
Uno es el caso de San Cristóbal y Nevis (St. Kitts and Nevis), en el Caribe oriental, donde la diminuta isla de Nevis es escenario de una pertinaz campaña secesionista que no ha podido detener siquiera la mediación de una comisión de la Comunidad del Caribe (Caricom) investida de amplios poderes.
Otro es el de Trinidad y Tobago, donde la coalición de gobierno ha propuesto una revisión constitucional que podría abrir el camino a una administración plenamente autónoma en la isla de Tobago, y tal vez a la independencia de ese territorio en una última etapa.
En ninguna de esas dos situaciones existen estudios serios del estado de la opinión pública al respecto, pero muy pocos dudan de que ambos casos suponen un desafío para quienes entienden que en lugar de una mayor fragmentación, la moderna sociedad caribeña necesita de un proceso de convergencia.
El actual presidente de la Caricom, Lester Bird (primer ministro de Antigua y Barbuda), recibió recientemente una seca respuesta del jefe del gobierno de Nevis, Vance Amory, quien en estos momentos encabeza un movimiento para convocar un referéndum de autodeterminación en la isla.
En nombre de ese gobierno, Amory envió a Bird una respuesta escrita en la que expresa: "En nuestra opinión, el pueblo de Nevis debe tener la oportunidad de decidir el futuro de nuestra isla sin que el proceso pueda quedar diluído por ninguna otra consideración".
La breve carta sirvió de contestación a la mediación intentada por un grupo nombrado por la Caricom, en el que figuraron personalidades intelectuales como Shridath Ramphal, presidente honorario de la Universidad de las Indias Occidentales, y Alister McIntyre, vicepresidente.
Bird replicó haciendo notar que recibía la respuesta "con el corazón apesadumbrado".
El esfuerzo mediador fracasó, pero Amory aseguró a Bird que "una vez que el pueblo haya decidido ser independiente, sin duda Nevis estará en la vanguardia de las naciones que luchan por fortalecer la integración de la Caricom y de todo el Caribe".
San Cristóbal y Nevis están claramente comprendidos en la definición de un estado microinsular. En total cubren una superficie de 261 kilómetros cuadrados, una población de no más de 44.000 personas y una economía que depende de la explotación del azúcar, el turismo y el ensamblado de artículos eléctricos.
El Estado de Antigua y Barbuda, igualmente asentado sobre islas gemelas, también suele ser escenario de algunos conflictos, pues el Consejo Local de Barbuda, la más pequeña, reclama con frecuencia porque los intereses de la isla quedan subsumidos en las demandas de la población de Antigua.
El opositor Partido Progresista Unido es partidario de una reforma constitucional, a la que llama "Revisión Barbuda", para volver a estudiar los pactos vigentes entre las dos islas.
En Trinidad y Tobago, fue el propio gobierno nacional el que originó el actual debate acerca de lo que, eufemísticamente, califica de "pleno" autogobierno interno de las islas.
El gobierno presentó al Parlamento una propuesta para dictar dos nuevas leyes que enmiendan la Ley de la Cámara de la Asamblea de Tobago (1980) y la Constitución Republicana del país, de 1976.
La actual coalición gobernante comprende a dos partidos: dos parlamentarios de Tobago representan a la Alianza Nacional para la Reconstrucción (NAR), y otros 17 pertenecen al Congreso Nacional Unido (UNC), bajo la conducción del primer ministro Basdeo Panday.
El líder de la NAR, Ray Robinson, representante de una de las dos circunscripciones electorales de Tobago, fue acusado durante su mandato como primer ministro (1986-1991) -incluso por Panday-, de favorecer los intereses de Tobago por sobre el interés nacional.
Algunos sectores temen que, a raíz de la actual propuesta de enmienda constitucional -auspiciada por el gobierno y sustentada por un informe de los dos partidos coaligados-, que propone aplicar a Tobago un nuevo estatuto, el país pudiera encaminarse a una gran ruptura.
"Lo único que falta en este proyecto es otorgar a Tobago una bandera y un himno nacional", ironizó el lunes ante el Senado el senador independiente Daniel Teelucksingh.
Esta crítica es compartida por el opositor Movimiento Nacional Popular, que durante su gobierno de 1991 a 1995 presentó unos polémicos planes para aumentar las competencias de la Cámara de la Asamblea de Tobago (THA).
Con un rápido reflejo ante el recuerdo de aquellos problemas, que la nueva propuesta evoca, la NAR quitó al actual presidente de la THA, Lennox Denoon, de su lista de candidatos para las elecciones de nueva Asamblea, el 9 de diciembre.
Denoon calificó a las ideas de Robinson para ampliar la autonomía de Tobago como "una receta para la ruptura del Estado unitario".
Las polémicas soluciones que inducen los temores de Denoon y Teelucksingh se originan de hecho en un estudio que el gobierno encargó en enero de este año con la finalidad de "revisar los actuales pactos constitucionales en relación con Tobago".
La comisión encargada del estudio fue presidida por el ex juez de la Alta Corte de Justicia, Guya Persaud. No obstante, la propia comisión habló de una prisa exagerada por parte del gobierno.
Al referirse al plazo de ocho semanas para redactar nuevas normas aplicables a Tobago, la comisión señaló:
"El acabado de la tarea no debería verse limitado por la rapidez, si se tiene en cuenta el resentimiento que siempre ha prevalecido en Tobago por culpa de los acuerdos constitucionales tan poco satisfactorios que hasta ahora han acuñado el estatuto de la isla como la segunda mitad del Estado unitario".
De forma verbal, el propio Persaud presentó un informe "en minoría" en el que exhortó al gobierno y a la THA a "erradicar la desconfianza y la falta de buena fe" entre ellos.
El senador independiente, profesor John Spence, dijo el lunes ante el Senado que le disgusta la premura para cambiar las cosas. También hizo alusión a las dificultades por las que atraviesa San Cristóbal y Nevis, afirmando que "es exactamente a este tipo de experiencias adonde nos lleva esta propuesta".
Las reformas constitucionales requieren tres cuartos de los votos de la Cámara de Representantes, de 36 miembros, y dos tercios de los votos del Senado, de 31 miembros. Pero la enmienda de la Cámara de la Asamblea de Tobago sólo exige mayoría simple.
Los observadores entienden que la reforma constitucional no tiene posibilidades de ser aprobada, por estar la Cámara de Representantes dividida en dos mitades. El gobierno espera, en cambio, que sea votada la enmienda de la THA antes de las elecciones del 9 de diciembre en Tobago.
Esas elecciones podrían consagrar un triunfo de la NAR en perjuicio del UNC. (FIN/IPS/tra-en/wg/cb/arl/ip/96
