La Iglesia Católica se sumó al movimiento de oposición a la privatización de la Compania Vale do Río Doce, la gigantesca empresa minera de Brasil que el gobierno pretende vender en el primer semestre de 1997.
El obispo Luciano Mendes de Almeida, ex presidente de la Conferencia Episcopal, encabeza la resistencia religiosa.
"Es una cuestión ética, además de política y económica", dijo este miércoles Mendes de Almeida para justificar la intervención de la Iglesia Católica en el tema.
El obispo añadió que está en juego el empleo y el futuro de miles de personas que viven cerca de su arquidiocesis, en la ciudad de Mariana, en el central estado de Minas Gerais.
Minas Gerais, donde se inició la expansion de la empresa hasta convertirse en la mayor exportadora mundial de mineral de hierro, concentra el rechazo a la privatización. En otra de sus ciudades, Juiz de Fora, habrá una manifestación popular el sábado próximo.
La resistencia reúne a dos ex presidentes brasileños que mantienen importante influencia: Itamar Franco y José Sarney. Este último preside actualmente el Senado y permanece como principal líder político del norteño estado de Maranhao, por donde la empresa exporta gran cantidad de hierro.
Sarney argumenta que la Compania Vale do Rio Doce no es una simple empresa estatal, sino "una agencia de desarrollo", de eficiencia comprobada y que proporciona utilidades al gobierno, por lo que sería un grave error renunciar a tal instrumento de conducción económica.
Franco, actual embajador ante la Organización de Estados Americanos, tiene sus bases políticas en Minas Gerais, especialmente en Juiz de Fora, y la manifestación en esa ciudad puede lanzarlo como líder opositor y firme aspirante a la sucesión del presidente Fernando Henrique Cardoso en 1998.
Pero el oficialismo enfrenta resistencias en sus propias filas.
Los gobernadores de los estados donde la Vale do Rio Doce actúa aspiran que el producto de la privatización sea invertido en proyectos de desarrollo en sus regiones, en tanto el gobierno pretende utilizar todos los ingresos en la reducción de la deuda pública.
Entre esos gobernadores se encuentran algunos que participan en la coalición de gobierno, como Eduardo Azeredo, de Minas Gerais. La venta de la Vale do Rio Doce podrá representar hasta 10.000 millones de dólares para el gobierno.
El Senado presidido por Sarney podrá obstruir la venta de la compañía, según observadores políticos, por responder a los intereses de los Estados. Los senadores discuten una ley por la cual someterán las privatizaciones a su aprobación previa.
Con la ampliación del frente por la permanencia de la Vale do Rio Doce en manos del Estado, la oposición recobró fuerzas para intensificar su campaña contra el programa oficial, que ya privatizó los sectores siderúrgico y petroquímico.
El diputado Luis Gushiken, del izquierdista Partido de los Trabajadores, advirtió sobre los riesgos que puede representar el acceso a información confidencial de la empresa minera. Los inversionistas interesados en su compra podrán obtenerla si pagan 150.000 dólares.
Grandes empresas extranjeras que tienen grandes intereses en el mercado minero internacional podrán utilizar datos de la Vale do Rio Doce para obtener ventajas en sus negocios.
Algunas informaciones, como las que revelan la importancia de yacimientos descubiertos recientemente, incluyendo los de oro, pueden influir en las cotizaciones internacionales, señaló el diputado Antonio Feijao, del Partido Socialdemócrata, que lidera Cardoso.
La anunciada privatizacin de la Vale do Rio Doce agita el mercado mundial, ya que se trata de una gran proveedora de países ricos como Japón y Alemania.
Los japoneses deberán disputarla para evitar que empresas australianas controlen el suministro de minerales de que depende la economía del país asiático. (FIN/IPS/mo/ag/if/96
