Luego de estimular nuevos empleos con el impuesto único para pequeñas y microempresas, el gobierno de Brasil anunció dos medidas que facilitan los despidos, despertando la ira de los sindicatos.
La primera decisión consiste en denunciar la Convención 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que prohibe despidos injustificados, la otra, proponer al Congreso una nueva ley sobre el tema, incluyendo nuevos motivos para que una empresa pueda reducir sus puestos de trabajo.
El proyecto considera como "justa causa" para despidos colectivos los avances tecnológicos que buscan incrementar la productividad y también razones económicas, como "retracción grave" del mercado.
El motivo justificado reduce las multas que la empresa debe pagar cuando despide a sus empleados. Además el gobierno pretende modificar las indemnizaciones debidas, que hoy corresponden a 40 por ciento del fondo de retiro de los trabajadores.
Las medidas provocaron un rechazo unánime de los líderes sindicales.
El presidente de la Central Unica de Trabajadores, Vicente Paulo da Silva, protestó con una huelga de hambre de 24 horas, del día 13 al 14, acampado en la plaza frente al palacio presidencial en Brasilia.
Da Silva, quien acusó al gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso de ceder ante los intereses empresariales, consideró "una vergüenza" que Brasil rechace ahora la Convención 158, negando una adhesión ratificada hace pocos meses, una decisión "daña la imagen internacional del país".
Se trata de "un retroceso salvaje contra los trabajadores", reaccionó Luiz Antonio de Medeiros, quien preside otra central, Fuerza Sindical, y era un aliado del gobierno hasta el inicio de este año.
El momento exige suspender los despidos, no estimularlos, opinó el sindicalista.
La convención provocó interpretaciones discrepantes en la justicia laboral brasileña, e incluso dudas sobre su compatibilidad con la Constitución, dijo el viceministro de Trabajo, Antonio Augusto Anastasia, justificando la decisión gubernamental.
Además, ningún otro país del Mercado Común del Sur (Mercosur) la ratificó, generando potenciales desventajas, añadió el ministro.
La adhesión a la convención se limita a 25 países, la mayoría pobres, contando en América sólo con Venezuela y Brasil.
La "flexibilización" de las leyes laborales es uno de los rubros de la "reducción del costo Brasil" en que se empeñan los empresarios, como forma de fortalecer la competitividad internacional de los productos nacionales y atraer inversiones.
Facilitar los despidos, con menos exigencias legales y abaratando multas e indemnizaciones, favorece un mayor nivel de empleo, según los empresarios, que alegan que el alto costo de contratar y despedir empleados estimula sólo el trabajo informal.
Algunos expertos en cuestiones laborales corroboran tales argumentos.
José Pastore, profesor de la Universidad de Sao Paulo, señaló por ejemplo que el índice de desempleo en Europa, donde legislaciones rígidas encarecen los despidos, es el doble que en Estados Unidos, con sus reglas liberales.
También el tiempo para obtención de un nuevo empleo en Europa es superior a un año, cuatro veces más que en Estados Unidos, añadió.
Ante la fuerte reacción sindical, el gobierno explicó que el proyecto de ley aún se encuentra en elaboración y no fijó la indemnización a ser pagada al trabajador despedido.
La propuesta está abierta al debate de todas las partes, antes de ser enviada al Congreso, precisó Anastasia.
Pero se trata de un tema explosivo. El desempleo abierto en Brasil es relativamente bajo, manteniéndose en poco más de cinco por ciento, el gran problema radica en la "precarización" del trabajo, reconocen los investigadores, incluso vinculados a los sindicatos.
Pero la amenaza de desempleo masivo, tal como ocurre en Argentina y España, constituye un temor creciente con el avance de la internacionalización económica del país.
La industria "nunca más será la gran empleadora que ha sido", sentenció el presidente de la Confederación Nacional del sector, el senador Fernando Bezerra.
La cantidad de empleos industriales viene cayendo en los últimos años, especialmente en Sao Paulo, aunque haya aumentado la producción.
El gobierno admitió el riesgo y por eso decidió fomentar la creación y desarrollo de pequeñas y microempresas, que ocupan la mayor parte de los trabajadores, reduciendo y simplificando su tributación en un impuesto único de cinco a 10 por ciento sobre la facturación y no cobrando nada sobre salarios.
Pero el mismo gobierno busca facilitar los despidos y promueve entre sus propios 550.000 funcionarios una campaña de retiros voluntarios y espera la adhesión de otros 22.000 ofreciendo indemnizaciones adicionales.
El objetivo consiste en ahorrar 500 millones de dólares anuales en sus gastos para reducir el déficit público. (FIN/IPS/mo/ag/lb-if/96
