El gobierno de Brasil anunció hoy un intento de impulsar la reforma agraria por la vía tributaria, multiplicando casi por cinco el impuesto sobre grandes propiedades rurales improductivas.
El ministro de Política Agraria, Raul Jungman, aseguró que la iniciativa se adopta por el procedimiento de la medida provisional, un decreto presidencial de vigencia inmediata y fuerza de ley hasta el pronunciamiento del parlamento, que puede rechazarlo o aprobarlo con o sin modificaciones.
La medida eleva de 4,5 a 20 por ciento el Impuesto Territorial Rural (ITR) sobre predios de más de 5.000 hectáreas cuyo aprovechamiento para la producción sea inferior a 30 por ciento.
El ITR es fuertemente progresivo según el tamaño y el área productiva de cada propiedad. El impuesto mínimo es de 0,05 por ciento para parcelas de 25 a 50 hectáreas con más de 80 por ciento de aprovechamiento productivo. Las extensiones menores de 25 hectáreas son exceptuadas del tributo.
Los predios de más de 5.000 hectareas pagarán 1,5 por ciento de su valor total al aprovecharse más de 80 por ciento, pero el porcentaje sube a tres, 6,4, 12 y 20 por ciento según se reduce su porción productiva.
La base de cálculo será el valor de la propiedad declarado por el dueño. Pero se prevé sanciones para quienes declaren valores inferiores al del mercado, un mecanismo usual de evasión fiscal. La tasación efectuada por el propietario será también utilizada para calcular la indemnización en caso de expropiación.
La medida dispuesta "no hace la reforma agraria, pero ayuda mucho, promoviendo la desconcentración de la propiedad, además de defender los predios productivos y abaratar la tierra", sostuvo el ministro Jungman.
Aplicada la nueva tributación, las propiedades que no paguen el ITR podrán ser confiscadas y destinadas a la reforma agraria cuando la deuda fiscal alcance su valor declarado. Eso ocurre en cinco años en el caso de las mayores e improductivas.
Los latifundistas tendrán que "vender sus tierras, arrendarlas o hacerlas productivas", dijo el ministro. Además los ingresos del ITR, que aumentarán de 300 millones de dólares este año a 900 millones en 1997 y 1.600 millones en 1998, serán destinados íntegramente a la reforma agraria, prometió Jungman.
El sistema parece sencillo y efectivo, pero los campesinos interesados en la reforma agraria son escépticos. Varios gobiernos intentaron lo mismo en el pasado y fracasaron ante la oposición de los terratenientes, señaló Francisco Urbano, presidente de la Confederación de Trabajadores de la Agricultura (Contag).
La "bancada ruralista", un grupo informal de parlamentarios que defiende intereses de los latifundistas, impedirá la aprobación de la medida o la "desfigurará" con modificaciones que anulan posibles efectos positivos, según cree Edelcio Vigna de Oliveira , un experto en política agraria.
Otras leyes propuestas para impulsar la reforma agraria están paralizadas en el Congreso o sufrieron enmiendas deformantes, argumentó De Oliveira, analista del Instiôùltimo, agregó.
El gobierno deberá negociar y la propuesta de aumento del ITR podría ser "moneda de canje" por la enmienda constitucional que permitiría la reelección del presidente Fernando Henrique Cardoso en 1998, sospecha De Oliveira.
Ni la confirmación parlamentaria del decreto presidencial aseguraría la redistribución de tierras, según el experto. Su aplicació puede ser cuestionada o demorada en los tribunales de justicia, como ocurre con todas las leyes que tratan de la cuestión agraria, advirtió.
El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, que presiona por la reforma agraria ocupando predios improductivos y organizando campamentos de campesinos por todo el país, considera que no basta con nueva legislación para solucionar la cuestión.
"Una ley no resuelve. El gobierno ya dispone de muchas y no las hace cumplir", dijo Francisco Dalchiavon, uno de los coordinadores nacionales del movimiento de trabajadores sin tierra. Aumentar el impuesto rural no resultará sin un mecanismo para cobrarlo efectivamente, agregó.
Los dirigentes de los sin tierra sostienen que falta decisión a los gobernantes para promover la reforma agraria y que incluso éstos no cumplen su "tímida" promesa de asentar este años 60.000 familias. (FIN/IPS/mo/ff/pr/96
