Indígenas maya del sur de Belice enfrentan la desposesión y el empobrecimiento como consecuencia de un proyecto de carretera en camino de obtener la aprobación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Pero temiendo que el gobierno de Belice busque inversores inmunes a las presiones públicas si el BID rechaza su solicitud de préstamos, los grupos buscan que el banco siga adelante con el proyecto.
No obstante, quieren asegurar que las autoridades cumplan las normas ambientales y de derechos humanos internacionales al hacer concesiones a empresas madereras en tierras adyacentes.
"Nuestros clientes no se oponen a la construcción de la carretera", dijo a IPS Steven Tullberg, director del Centro de Recursos de Ley Indígena, y añadió que los nativos "no se resisten al cambio, sino al atropello".
De ser aprobado, el proyecto, de 60 millones de dólares, sería el primero del BID en el pequeño país de América Central, y permitiría la pavimentación y las mejoras de un camino existente, convirtiéndolo en un ruta para el tráfico de bienes pesados.
La ruta atraviesa tierras comunales que han abastecido tradicionalmente a los maya de alimentos y medicinas y han sido escenario de su cultura, y sobre las cuales estos reclaman títulos legales.
Además, organizaciones no gubernamentales (ONG) pretenden que el BID realice evaluaciones sobre el impacto ambiental que tengan en cuenta el impacto directo e indirecto de la carretera en la industria de explotación de la madera y los arrecifes de coral en el norte de Belice.
La carretera equivaldrá básicamente a una ruta maderera que podría acelerar la explotación insostenible de la madera y resultar en una degradación ambiental significativa", dijo Tullberg en una carta enviada el 18 de octubre a la vicepresidenta ejecutiva del BID, Nancy Bridsall.
Desde 1995, el gobierno otorgó a empresas extranjeras al menos 17 concesiones a largo plazo en el distrito de Toledo. Una de ellas ya construyó un aserradero con acceso directo a la ruta, el cual alimentó temores de que las promesas de tala selecta se conviertan en explotación abierta a gran escala.
Las concesiones cubren unas 224.600 hectáreas y se internan en tierras tradicionales maya, según mapas del Proyecto Maya de Mapeo, con auspicios de la Universidad de Berkeley, California. Los mayas dicen no haber sido consultados antes de la entrega de las concesiones.
"El desarrollo de una industria maderera orientada a la exportación es una pesadilla ambiental", dijo a los periodistas Julian Cho, del consejo Cutlural Maya de Toledo.
Autoridades de gobierno afirman que la explotación se mantendrá a pequeña escala y será selectiva, y estará administrada por un plan de gestión forestal elaborado en 1994, el cual fue escrito en colaboración con el gobierno de Gran Bretaña.
Pero muchos de los inspectores ambientales a cargo de la supervisión de la tala fueron víctimas de recortes presupuestales, indicaron ambientalistas y periodistas.
Grupos ambientales afirman que el plan es violado ante las propias autoridades, y denunciaron la situación en Internet e informes de prensa.
Fuentes en Belice afirman que el préstamo para el proyecto enfrentó al personal de operaciones con los gerentes. El personal responsable del cuidado del medio ambiente es solidario con los indígenas y las organizaciones no gubernamentales (ONG), pero sus jefes pretenden lograr nuevos clientes a cualquier costo, denuncian los grupos.
No obstante, la aprobación del préstamo fue suspendida hasta que Birdstall se reúna con ONG tras su regreso del exterior este mes. Los abogados de los mayas cuentan con el apoyo de representantes del Consejo de Defensa de Recursos Naturales (NRDC), con sede en Washington, el Centro para la Ley Ambiental, y Conservation International.
La deforestación se traga unos 7.5 millones de hectáreas por año en América Latina y el Caribe, y los bosques remanentes en América Central y México son destruidos "a la mayor velocidad en cualquier subregión del mundo", según el último informe anual del BID sobre recursos naturales y ambiente.
El mayor motivo para esta depredación son "débiles entregas de concesiones sobre los recursos".
El informe, descrito por un portavoz del BID como una declaración política de facto, añade que "los pueblos indígenas y otros habitantes de los bosques deben ser capaces de expresarse y negociar sus intereses en la protección y políticas forestales".
Además, "se deben promover acciones que ayuden a resolver los conflictos del uso de la tierra y faciliten los procesos de decisión para estos grupos". (FIN/IPS/tra-en/aa/yjc/lp/en-pr/96
