En plena apertura comercial, el daño fiscal del contrabando en Argentina llega actualmente a 3.000 millones de dólares y se sospecha de la existencia de una red mafiosa que controla el tráfico ilegal.
Carlos Silvani, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional, fue designado hace un mes como titular de la Dirección General Impositiva -el organismo recaudador de impuestos- y al mismo tiempo interventor en la Aduana, donde se investiga una estafa millonaria por contrabando.
Silvani reveló esta semana ante un grupo de parlamentarios que recibió la visita de un supuesto ex funcionario que le advirtió que tuviera cuidado al abordar un avión este sábado en el aeropuerto internacional de Ezeiza, porque podría ser víctima de un sabotaje por su actuación en la Aduana.
El visitante se identificó como secretario privado de un ex administrador de la Aduana, el brigadier Rodolfo Echegoyen, quien se suicidó en 1990, un mes después de renunciar al cargo.
Echegoyen investigaba maniobras fraudulentas por 1.000 millones de dólares y su suicidio quedó en un manto de sospechas.
El diputado Marcelo Stubrin confirmó este viernes que Silvani estaba preocupado y sorprendido por la visita, y tuvo la impresión de que estaba siendo advertido de la existencia de una mafia que controlaría el flujo de mercancías que llegan a la Aduana de Buenos Aires, sobre el Río de la Plata.
La justicia está investigando maniobras ilegales que habrían estado perpetrándose en los últimos años allí mediante la falsificación de papeles y otras vías para la introducción al país de mercaderías que no pagaban impuestos. El juez procesó ya a 18 personas y hay 10 detenidos.
Según un estudio de la Unión Industrial Argentina, fueron aproximadamente 3.000 millones de dólares que eludieron al fisco, la mitad del déficit fiscal del último año.
Textiles, calzados y artículos electrónicos, entre otros rubros, ingresaban "en tránsito" hacia el interior, pero luego se quedaban en la capital de Argentina, sin haber pagado aranceles.
Asimismo, el informe sostiene que por causa del ingreso ilegal de productos cerraron 150.000 comercios y pequeñas empresas, y perdieron su empleo 500.000 personas.
El Ministerio de Economía estudia la alternativa de privatizar la Aduana, para evitar el contrabando, pero los empresarios rechazan esta alternativa por considerar que requeriría a su vez del control del Estado y encarecería los costos.
También se estudia la alternativa de militarizar los controles aduaneros mediante la gendarmería, que no sólo debería controlar el ingreso de mercaderías sino custodiar el tránsito de los contenedores que tienen como destino ciudades del interior.
En el siglo XVIII, los territorios de Argentina pertenecían a la corona española, que exigía de sus dominios un comercio monopólico. Pero entonces los controles eran burlados y las empresas comerciaban con los demás países de Europa y con Asia.
Dos siglos después, el libre comercio y la apertura no logran evitar los negocios turbios. Al contrario, diversos observadores y funcionarios de la justicia señalan que con la apertura, el contrabando aumentó en Argentina. (FIN/IPS/mv/ag/ip/96
