La defensa de los derechos de los niños y niñas, así como el acatamiento de las normas ambientales, son las nuevas prioridades que se trazaron los fiscales o procuradores públicos de América, en una reunión concluida hoy en Venezuela.
"Velar por el cabal cumplimiento de las normas consagradas en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño", vigente desde hace seis años, será el punto de partida para la ofensiva continental a la que se comprometieron quienes ejercen el papel de defensores y acusadores públicos en 20 países.
También se creará una instancia especial para el menor en las fiscalías o procadurías que aún no la tienen y se fortalecerán las existentes, dijo el anfitrión del IX Congreso Interamericano del Ministerio Público, el fiscal general venezolano Ivan Badell, al clausurar la reunión de dos días.
Estudios de organismos internacionales reseñados por el procurador de Uruguay, Rafael Robatto, indican que en el año 2000 habrá 100 millones de menores de 18 años en situación de pobreza, en un entorno social y ético deteriorado.
Entre las violaciones de los derechos de los niños y niñas están la falta de seguridad alimentaria, de salud y de educación, así como las condiciones de abandono que han dado pie al fenómeno de los niños de la calle y la explotación sexual infantil con fines comerciales, recordó el fiscal cubano, Juan Escalona.
En el congreso participaron desde la fiscal de Estados Unidos, Janeth Reno, hasta el de Colombia, Alfonso Valdivieso, y el procurador general de México, Antonio Lozano, entre los que se han hecho famosos por el impacto de los casos en sus manos.
En materia ambiental, los fiscales y procuradores coincidieron en que en los últimos años se avanzó mucho en materia de leyes, pero también eu que aún faltan instrumentos legales para asegurar la protección del entorno ecológico.
Además, "el eficiente alcance" del desarrollo sostenible, donde el crecimiento económico se fundamente en la conservación ambiental, requiere inflexibilidad en la aplicación de las leyes y su actualización, para incluir nuevos delitos e incrementar las penas a los infractores.
Los jefes del llamado ministerio público decidieron incorporar funcionarios especializados en materia ambiental e integrar su defensa del entorno mediante la creación de bloques similares a los que existen en el continente en el aspecto comercial.
El congreso analizó otros tres temas centrales: la corrupción administrativa, el tráfico y consumo ilegal de drogas y la situación de los derechos humanos, junto con las medidas conjuntas y unilaterales para proteger a la infancia y el ambiente.
En materia de la lucha contra el narcotráfico, la fiscal estadounidense reivindicó el instrumento de la extradición como "la mejor arma" para luchar contra un delito internacional.
Reno insistió en que hace falta modernizar la red continental de tratados de extradición, para que los delincuentes sepan que no hay escondites seguros en el continente. También reivindicó el derecho de su país, "victimizado por el narcotráfico", de juzgar a los jefes de los cárteles de la droga.
El procurador mexicano coincidió en la necesidad de "aunar esfuerzos" para tener éxito en la batalla de la ley contra el crimen transnacional del narcotráfico, pero precisó que la acción conjunta "no debe ser factor de vulneración de soberanías".
Panamá, según se decidió, será sede de un Centro Multilateral pra la Lucha Contra el Narcotráfico y todos los Delitos Conexos, en especial el llamado lavado de dinero o legitimación de capitales provenientes de esa actividad delictiva.
La asociación de fiscales y procuradores decidió elaborar un diagnóstico conjunto y compartido sobre el fenómeno de las drogas en el continente, porque son muy diferentes las cifras y los elementos que se manejan de país a país.
Badell aseguró que sólo enfrentando eficazmente los delitos de corrupción y mejorando la protección de los derechos humanos, los habitantes de América van a recuperar "la credibilidad en el imperio de la ley".
Añadió, en su intervención de cierre del encuentro, en que son los fiscales y procuradores americanos los mayores responsables de que la gobernabilidad de los países se soporte en un sistema democrático donde la sociedad tenga garantizado el respeto de todos sus derechos.
El décimo congreso se realizará en Brasilia dentro de dos años, mientras que México acogerá una reunión especial de los integrantes del ministerio público en noviembre de 1997, según se decidió durante la clausura de la reunión de Caracas. (FIN/IPS/eg/ag/pr-en/96
